Tres cuartas partes de los proyectos fiscalizados que habían recibido fondos europeos con destino a los agricultores para mejorar el medio ambiente no tenían una buena relación coste-eficacia, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Es cierto que las llamadas «inversiones no productivas» (INP) contribuyeron en su mayoría a proteger el paisaje rural y la biodiversidad, pero los auditores hallaron indicios claros de que en un 75 % de los casos los costes resultaban desproporcionados o insuficientemente justificados. Las insuficiencias de selección de inversiones en setos y humedales se tradujeron en la falta de control adecuado de las propuestas con respecto a los criterios de selección y en la financiación de proyectos no subvencionables.
En el período 2007-2013 se gastó en INP un total aproximado de 860 millones de euros de fondos públicos. El apoyo público a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la cofinanciación nacional a menudo supuso el 100 % del coste total del proyecto.
Los auditores visitaron cuatro Estados miembros que gastaron el 80 % del total de fondos (Portugal, Dinamarca, el Reino Unido (Inglaterra) e Italia (Apulia). Solo 5 de los 28 proyectos fiscalizados tenían una buena relación coste-eficacia. El informe advierte de que el problema puede no estar limitado a la muestra, ya que se deriva de insuficiencias de los sistemas de gestión y control de los Estados Miembros.
«La gestión sostenible de nuestro medio agrícola es evidentemente importante», manifestó Jan Kinšt, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado del informe, quien sin embargo precisó «pero la ayuda de la UE debe también tener sentido desde el punto de vista financiero».
La fiscalización reveló que los Estados miembros no verificaron adecuadamente la realización efectiva de los gastos declarados o aceptaron la oferta más cara sin justificación. En algunos casos, proyectos que claramente aumentaban el valor de la explotación se financiaron en su totalidad con dinero público, o se beneficiaron de porcentajes de ayuda muy superiores a los concedidos normalmente a inversiones productivas.
Solo se midieron al realizar el seguimiento datos como el importe de gasto público y el número de explotaciones beneficiadas, pero hubo poca información sobre los resultados a escala nacional y europea. La ayuda proseguirá en 2014-2020, pero la Comisión y los Estados miembros siguen sin haber corregido la mayoría de las insuficiencias por no haber hecho los esfuerzos necesarios por identificarlas a tiempo.
Los auditores recomiendan principalmente a los Estados miembros:
• valorar el grado de ejecución de las INP en sinergia con otros regímenes medioambientales;
• verificar sistemáticamente la documentación justificativa de las declaraciones de gastos;
• definir indicadores de resultados específicos y dar cuenta de ellos en sus informes anuales de ejecución;
• definir criterios apropiados para determinar los elementos retributivos de las INP que reciben los porcentajes de ayuda más elevados y modular la intensidad de la ayuda;
• garantizar que los costes no superen los imperantes en el mercado para tipos similares de obras.
La Comisión debería supervisar las INP realizadas por los Estados miembros a través de sus informes anuales de ejecución, asesorar a los Estados miembros sobre criterios de selección y asegurarse de que la contribución al logro de los objetivos agroambientales sea objeto de seguimiento en las evaluaciones.
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