Un trabajo realizado en el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA), un centro consorciado entre el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha estudiado el impacto del escándalo de la carne de caballo en el consumo de carne en Cataluña. El estudio ha medido este impacto en diferentes niveles: legislativo, económico y de consumo.

El origen del estudio arranca cuando, en enero de 2013, se detectó en Europa carne de caballo en productos de carne de vacuno procesada, como hamburguesas o lasañas.

Según el estudio del CREDA, que ha utilizado una muestra de 882 hogares catalanes, las cifras de consumo de ternera (de 2013 respecto al 2012), no muestran un descenso generalizable e, incluso, se da la circunstancia de que algunos productos analizados presentan un aumento en su consumo.

Los consumidores encuestados aseguran que recuerdan el escándalo, pero declaran que no modificaron su consumo, ya que este caso, a diferencia de otros, no afectaba a la salud.

En cuanto a los precios de la ternera, tanto a nivel del consumidor como en origen, no se detectó ninguna disminución y, por lo tanto, el trabajo concluye que no tuvo ningún impacto negativo en este sentido.

Por otra parte, en cuanto a las exportaciones de productos procesados bovinos en Cataluña, tampoco se han visto efectos asociables con el escándalo de la carne de caballo, aunque los resultados mes a mes sí indican un estancamiento de las exportaciones en el momento del escándalo (tres primeros meses), que luego, sin embargo, se recuperaron.

Por último, a nivel legislativo, el escándalo de la carne tuvo repercusiones inmediatas y también a largo plazo. En marzo de 2013 la UE lanzó un «plan de control coordinado» con una lista de acciones que incluían los análisis de control. Posteriormente se revisó el marco legislativo de la cadena alimentaria de la UE y se introdujeron medidas surgidas a consecuencia del escándalo como, por ejemplo, la integración de controles antifraude en los planes nacionales de control de los Estados miembros.