La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se ha congratulado por la firma del Código de Buenas Prácticas Mercantiles que se venía gestando desde la publicación de la Ley de la cadena alimentaria, en 2013. “Han sido años de intenso trabajo pero por fin tenemos el fruto: este código debe protegernos a todos los eslabones de la cadena”, ha dicho Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.

Sin embargo, desde UPA han asegurado que les hubiese gustado llegar más lejos. “A pesar de todo, es el código que tenemos y de ahora en adelante sólo podemos mejorarlo”. Para ello, desde la organización agraria han señalado tres puntos clave sin los que la aplicación del código, en la práctica, no tiene futuro: el desarrollo un sistema de mediación y de arbitraje de conflictos, el desarrollo de un régimen sancionador para los infractores y la creación y promoción de un sello por el que la sociedad reconozca a los agentes de la cadena adheridos al código.

Lorenzo Ramos ha explicado que “la creación de un sello es urgente” ya que este código es, en realidad, “una ampliación de la Ley”. Es decir, la Ley, de obligatorio cumplimiento, especifica algunas prácticas prohibidas para todos y este Código va más allá y compromete sólo a aquellos que lo firmen.

“En UPA nos hubiese gustado que todos los agentes lo firmasen, pero no ha sido el caso”. Por este motivo el líder agrario ha urgido para que se cree un sello reconocible por los consumidores y promocionado por el Gobierno, y que apremie a entrar a aquellos agentes que han preferido quedarse fuera de él”. Además, la firma de las organizaciones representativas no tendrá sentido si no firman también a título individual las empresas incluidas dentro de ellas.

Asimismo, para UPA, es necesario desarrollar un régimen sancionador para aquellos signatarios que infrinjan el código. “No tiene sentido que existan unas normas pero que no haya una penalización para los que las quebranten, por muy voluntario que sea el código, si te comprometes, te comprometes”, sentencia Ramos.

Por último, los agricultores también creen necesario desarrollar un sistema de mediación y de arbitraje de conflictos. “Estos sistemas son beneficiosos para todas las partes porque agilizan la resolución de los problemas y son más baratos que la justicia ordinaria que, por cierto, también descongestionan”, ha explicado.