Unión de Uniones de Castilla-La Mancha teme que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha va a llegar a 31 de diciembre de este año sin poder abonar las ayudas a la incorporación de jóvenes, planes de mejora, agroambientales, agricultura ecológica y reforestación al no llegar a tiempo para certificar los expedientes. De no pagar estas ayudas antes de acabar el año no podrían imputarse al Plan de Desarrollo Rural 2017/2013 y tendrían que trasladarse al Plan 2014/2020, consumiendo ya de entrada una parte del mismo. La organización estima en unos 150 millones de euros las cantidades que quedarían pendientes de abonarse hasta el próximo año.

El hecho de pasar compromisos de gasto al próximo Plan de Desarrollo Rural confirma que finalmente, por los retrasos de ejecución año a año, van a quedar sin aprovecharse una parte de los fondos comunitarios que la Unión Europea, a través del FEADER, había asignado a nuestra región para la política de estructuras agrarias en el período de programa 2007/2013, pese a permitirse imputar medidas aún hasta el 2015.

Además implica que el nuevo Plan de Desarrollo Rural 2014/2020 de Castilla-La Mancha partiría ya habiendo consumido un porción, concretamente alrededor del 10 %, de los 1.147 millones de euros sus recursos europeos.

Sin embargo, lo que la organización considera más grave es que los agricultores profesionales y jóvenes agricultores que presentaron su solicitud a mediados de julio de 2014 vayan a cerrar el 2015 con toda probabilidad sin haber cobrado las ayudas que les corresponden, por el mal funcionamiento y la falta de previsión de la administración autonómica.

La Unión de Uniones -que valoró el acierto de la Consejería de Agricultura en la ampliación de los plazos de ejecución y justificación de estos expedientes- recrimina no obstante a la Consejería que no haya contemplado esta posible contingencia y, por lo tanto, haber dispuesto los medios necesarios para que las subvenciones pudieran ser percibidas por los interesados antes de acabar el año. En cualquier caso la Consejería debería haber informado a los interesados de tal eventualidad para que hubieran podido hacer sus previsiones de tesorería.

Las ayudas a planes de mejora e incorporación de jóvenes no son las únicas líneas que se verían afectadas por el aplazamiento de los pagos al siguiente año, sino que quedarían igualmente alterados los pagos de agroambientales, agricultura ecológica, inversiones forestales y jubilación anticipada. En total supondría un montante de unos 150 millones de euros según estimaciones de la organización.

La Unión de Uniones ya se dirigió hace un mes a la Dirección General de Desarrollo Rural indicando su inquietud por la liquidación del presente Plan de Desarrollo Rural, así como por una adecuada planificación financiera del que iniciará su andadura presupuestaria el próximo año. La Unión de Uniones, que recuerda la obligación de las Administraciones de concertar con los agentes sociales estos planes de desarrollo, reclama de la Consejería un ejercicio de total transparencia acerca de la ejecución de los mismos, así como sobre las correcciones y modificaciones que se están introduciendo, algunas de las cuales, presentan cuestiones preocupantes a juicio de la organización.