El Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2014 cuenta con un déficit de 69 millones de euros, a lo que hay que añadir compromisos plurianuales ya adquiridos y obras que deberán pagarse con cargo al siguiente programa 2014-2020 que alcanzan 159 millones de euros. Así lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, durante un encuentro con los agentes sociales y organizaciones agrarias en el que les ha trasladado este delicado escenario.

“La situación que se genera es una hipoteca para las políticas de desarrollo rural de los próximos años ya que los fondos que se verán reducidos en 228 millones de euros”, ha explicado la consejera. De esta manera, la Junta de Extremadura se encuentra que ya ha consumido el 19,2% del PDR que no se ha aprobado aún y que ya contenía un recorte de 130 millones de euros respecto al programa 2007-2014.

Esta “drástica reducción”, ha afirmado García Bernal, afecta a medidas tan importantes como las ayudas a los jóvenes agricultores, la mejora de explotaciones, los regadíos, las industrias agrarias, los caminos, la prevención de incendios, la protección del medio ambiente, las ayudas agroambientales o la gestión de los Grupos de Acción Local. Para intentar mitigar estos recortes, la Junta de Extremadura llevará a cabo una reprogramación en los fondos de desarrollo rural. La consejería de Políticas Agrarias ha avanzado que en todos los cambios de programa hay un porcentaje de fondos que pasan de un periodo a otro y que deben ser mínimos, sólo relacionados con pagos que por distintos motivos no se hayan podido ejecutar.

García Bernal ha recordado que la Comisión Europea ha reiterado a la Junta de Extremadura en varias ocasiones los reparos al programa elaborado por el anterior Ejecutivo regional a los que aún se sigue contestando para conseguir su aprobación lo antes posible. “En poco tiempo tendremos el programa aprobado pero será un documento que carece de las medidas apropiadas para mejorar el desarrollo rural”, ha agregado la consejera, quien se ha comprometido a modificar y adaptar el nuevo PDR “a las necesidades reales de la región”.