El pasado 4 de agosto se publicó en el DOGC la Ley 18/2015, de 29 de julio, de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de Cataluña. El Gobierno ya había aprobado esta ley el pasado día 22 de julio ante el Pleno del Parlamento de Cataluña, por 125 votos a favor y 3 abstenciones. La norma llena el vacío legal existente en Cataluña y atiende las demandas del sector de disponer de una legislación propia que defienda el modelo agroalimentario catalán, con un número importante de pequeñas y medianas empresas.

La Ley regula y refuerza el papel de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de Cataluña, integradas por profesionales y empresas que se dedican a la producción, la transformación, la comercialización y la distribución agroalimentarias, al tiempo que da cumplimiento a las resoluciones del Pleno Monográfico del Parlamento.

Cataluña es una región agroalimentaria de primer orden dentro de la Unión Europea. El sector agroalimentario catalán tiene un valor estratégico importante para la economía del país, tal y como reflejan las magnitudes económicas sobre su participación en el PIB, la balanza comercial, el número de empresas, las personas ocupadas, el valor de la producción final agraria y alimentaria y la clara vocación internacional de muchos de sus productos.

Asimismo, el marco normativo europeo, la Política Agraria Comunitaria, también indica que hay que promover este tipo de instrumentos de organización de la producción y los gobiernos competentes legislar en la materia.

Esta ley facilitará la mejor integración de la cadena de valor agroalimentaria a través de acuerdos voluntarios entre las partes. Y también debe permitir desarrollar, en su caso, las extensiones de norma. Estos instrumentos no dejan de ser acuerdos entre los agentes miembros de la interprofesional que determinan que todos los agentes del sector deben participar de las actuaciones que determine la misma interprofesional. Así se permite estructurar y ordenar mejor todos los agentes del sector.

Uno de los principales objetivos de la Política agraria comunitaria es la orientación de las producciones agrarias a las necesidades del mercado, con la flexibilización de los mecanismos de intervención que permitan una mayor adecuación de la oferta agraria a la demanda.

Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias han experimentado un importante desarrollo, y se han configurado como órganos de coordinación y colaboración de los diferentes sectores del sistema agroalimentario.