La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, explicó ayer en el Parlamento que la finalidad del Gobierno andaluz con la reciente convocatoria de ayudas a la medida de agroambiente y clima, y a la de agricultura ecológica, ha sido “procurar el mayor beneficio para nuestros agricultores y ganaderos y evitarles esperas innecesarias e injustas”. Ortiz ha añadido que para no perjudicar a los productores de la región, la Junta de Andalucía ha realizado “un intenso trabajo de interlocución con las autoridades comunitarias a fin de sacar adelante estas ayudas antes de la aprobación del Programa de Desarrollo Rural (PDR)”, que actualmente se encuentra pendiente del visto bueno definitivo de la Comisión Europea.
Estos dos paquetes de subvenciones se convocaron a finales del pasado mes de mayo contando con el consenso de las organizaciones agrarias y las cooperativas de la Comunidad Autónoma y consiguiendo de esta forma que los agricultores y ganaderos andaluces no tengan que esperar a 2016, como ha destacado la consejera.
Carmen Ortiz ha respondido así a una pregunta parlamentaria sobre la valoración de estas subvenciones, que suman un total de más de 450 millones de euros. De esta cantidad, 250 millones de euros se destinan a ayudas agroambientales y clima, y 201,5 millones de euros, a respaldar la agricultura ecológica, “un modelo sostenible que por primera vez se aborda de manera diferenciada con medidas específicas”, ha recalcado la consejera.
Ortiz ha resaltado que la Junta de Andalucía mantiene el respaldo financiero a estas medidas “pese al recorte en el reparto de los fondos de desarrollo rural realizado por el Ministerio”, de forma que esta comunidad autónoma “seguirá siendo la que más fondos destine a estas ayudas” que compensan a los agricultores y ganaderos que realizan prácticas respetuosas y promueven la Producción Ecológica.
Marismas del Guadalquivir
La consejera ha respondido también en el Parlamento a una pregunta del Grupo Parlamentario del Partido Popular sobre la subvención concedida por el Gobierno andaluz a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, para obras de modernización de regadíos. Ortiz ha recordado que se trata de un asunto que está sometido a la actuación judicial, tanto en la vía penal como en el contencioso y, por tanto, debe ser la Justicia quien determine las posibles responsabilidades. “Debemos dejar trabajar a la Autoridad Judicial proporcionando toda la colaboración que se nos pida, como estamos haciendo”, ha recalcado la consejera.
Carmen Ortiz ha manifestado que la Consejería sí ha actuado en el ámbito de sus competencias y ha dado todos los pasos administrativos necesarios para el reintegro de la ayuda. “Estamos empeñados en que se devuelva hasta el último céntimo del dinero público que no haya sido empleado de acuerdo con la normativa comunitaria”, ha afirmado la consejera. Fuente: Junta de Andalucía
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