La Unión de Uniones considera que el Ministerio y las Comunidades Autónomas son directamente responsables de la mala gestión en 2015 de las solicitudes de la PAC, con retrasos, inconvenientes e incidencias que afectan a más de 850.000 peticionarios en toda España, que deben tramitar solicitudes por valor de unos 5.000 millones de euros de ayudas directas y otros 1.500 de ayudas al desarrollo rural.

La aplicación puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura y la mayor parte de las Comunidades Autónomas para capturar las solicitudes de la PAC, que debería haber estado lista y a pleno rendimiento el pasado 1 de marzo, sigue a fecha de hoy sin funcionar adecuadamente, lo que impide a las entidades que intentamos tramitar la PAC dar entrada a los expedientes cuando ya se han consumido casi dos meses del plazo oficial. La organización ha constatado que los retrasos y errores han sido particularmente frecuentes en Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Madrid y Extremadura, pero en general son comunes por unos u otros motivos en prácticamente toda España.

Durante todas estas semanas el programa no ha permitido registrar solicitudes, no imprimía los borradores para que el agricultor o ganadero pudiese comprobar sus datos, no reconocía determinadas líneas de ayudas, no conservaba la información capturada, lo que obligaba a repetir los trabajos. Además, se han producido paradas e interrupciones continuamente en el servidor y otros problemas que ha motivado que incluso en algunos servicios regionales hayan pedido a las entidades que no se tramiten todavía solicitudes a la espera de su resolución definitiva.

Esta situación hace plantearse a la Unión de Uniones las garantías que ofrece el sistema, acerca de las incidencias que un mal funcionamiento de la aplicación pueda provocar en los expedientes y las eventuales consecuencias sobre las ayudas de los interesados. Consecuencias especialmente graves teniendo en cuenta que se definen los derechos válidos para años venideros.

Por otra parte, no se trata solo de una cuestión de ineficacia informática, sino de una mala gestión administrativa. Ya se dio una situación comprometida para muchos agricultores cuando el año pasado se tuvieron que planificar las siembras sin que se conocieran con detalles las condiciones del greening; pero las incertidumbres en asuntos importantes se mantienen incluso ahora, en pleno período de solicitud. El pasado 13 de abril, la Unión de Uniones ya se dirigió al Ministerio de Agricultura para reclamar la publicación urgente de circulares de coordinación del FEGA que concretan detalles acerca de la definición de agricultor activo, cesiones de derechos, peticiones de derechos de la reserva y otros asuntos sin los cuales los agricultores y ganaderos se ven obligados a tramitar sus solicitudes sin contar con toda la información que precisan para tomar las decisiones más adecuadas.

En muchos casos, además y como consecuencia de estas circunstancias, está resultando imposible para los agricultores y ganaderos solicitar anticipos sobre las ayudas PAC a las entidades financieras, ocasionándoles trastornos e inconvenientes económicos.

En otros casos, el retraso en la presentación de los Planes de Desarrollo Rural o las deficiencias de los mismos, detectadas por la Comisión que han impedido su aprobación en Bruselas han movido a algunas Comunidades Autónomas a no publicar las normativas de medidas agroambientales que, por estar ligadas a la superficie o el ganado, han de solicitarse junto con las ayudas directas de la PAC.

La Unión de Uniones reclama al Ministerio de Agricultura y a las Comunidades Autónomas que hagan públicas ya todas las disposiciones y circulares aún pendientes; que solventen de una vez todos los problemas de la aplicación informática de captura y que aprueben formalmente y publiquen el aplazamiento del plazo hasta el 15 de junio para tranquilidad de agricultores y ganaderos.