El Senado aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a revisar las indemnizaciones a los ganaderos, en aquellos casos en los que tengan que sacrificar animales como consecuencia de enfermedades.

La senadora del PP por León, Silvia Franco, que ha sido la encargada de defender el texto, ha destacado que “la sanidad animal es un factor clave para el desarrollo de la ganadería” un sector de vital trascendencia para la economía nacional.

Silvia Franco ha insistido en la importancia de aplicar medidas destinadas a elevar el nivel de sanidad animal para evitar, ha dicho, “las pérdidas directas que las enfermedades causan en las explotaciones y también las indirectas originadas por las restricciones que se producen en los mercados”.

La actual Ley de Sanidad Animal establece el sacrificio obligatorio, y la posterior indemnización, de animales enfermos y, si es necesario, la destrucción de los medios de producción que se consideren contaminados. También prevé indemnizaciones para los animales que mueran tras ser sometidos a tratamientos o en el contexto de medidas de prevención, impuestas por las autoridades para luchar contra alguna enfermedad.

La senadora popular, Silvia Franco, ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar esas indemnizaciones por el tiempo transcurrido desde la fijación de los baremos y las oscilaciones en el valor de mercado de algunos animales, lo que ha motivado que en la actualidad los ganaderos asuman hoy costes mayores. La senadora por León ha asegurado que es “imprescindible actualizar los baremos para garantizar una compensación justa a los ganaderos y, por tanto, la viabilidad de las explotaciones”.

Silvia Franco también ha insistido en la importancia de “apostar por políticas que protejan a la salud humana frente a las enfermedades e infecciones transmisibles directa o indirectamente entre animales y seres humanos”.

Además, la senadora ha recordado que recientemente el Ministerio ya ha actualizado la normativa de ayudas para repoblar las explotaciones ganaderas, en aquellos casos en los que los titulares de las explotaciones hayan tenido que sacrificar obligatoriamente a todos sus ejemplares. Las cuantías de las indemnizaciones pasan de 60.000 a 75.000 euros.