El Gobierno ha aprobado el Proyecto de ley sobre las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Cataluña (OIA), que regula y refuerza el papel de estas entidades, integradas por profesionales y empresas que se dedican a la producción, la transformación, la comercialización y la distribución agroalimentarias. La norma llena el vacío legal existente en Cataluña y atiende las demandas del sector de disponer de una legislación propia que defienda el modelo agroalimentario catalán, con un número importante de pequeñas y medianas empresas.

Cataluña es una región agroalimentaria de primer orden dentro de la Unión Europea. El sector agroalimentario catalán tiene un valor estratégico importante para la economía del país, tal y como reflejan las magnitudes económicas sobre su participación en el PIB, la balanza comercial, el número de empresas, las personas ocupadas, el valor de la producción final agraria y alimentaria y la clara vocación internacional de muchos de sus productos.

Una de las particularidades del sector agroalimentario catalán es la existencia de un número importante de pequeñas y medianas empresas productoras y transformadoras, que se encuentran en un claro desequilibrio ante los grandes grupos de la distribución minorista que concentra la demanda. Hay que defender la existencia de un modelo propio y diferenciado de comercio de proximidad, en equilibrio con los diversos formatos de distribución comercial y, en consecuencia, es necesario contar con estructuras asociativas potentes y vertebradas que tengan capacidad suficiente para desarrollar iniciativas que generen valor añadido a los productos agroalimentarios.

Así, de acuerdo con este marco legal, particulares y empresas de toda la cadena agroalimentaria (producción, transformación, comercialización y distribución) podrán agruparse y constituirse en OIA, con las ventajas que supone para fortalecer su posición, tanto a nivel interno como internacional. También permite trabajar de forma cohesionada en los objetivos de modernización, desarrollo, competitividad e internacionalización.

Disponer de organizaciones interprofesionales agroalimentarias en Cataluña es, por tanto, un factor coadyuvante, para que el sector pueda adoptar medidas que consoliden el modelo propio, tanto en el sector primario, como en el transformador, y en la comercialización de los productos.

Una reivindicación del sector

El sector agroalimentario catalán ha pedido de forma expresa y activa disponer de una ley marco de organizaciones interprofesionales, con un diseño normativo de contenidos muy flexibles y generalistas adaptado a las peculiaridades de cada sector.

La nueva ley regula el reconocimiento, las finalidades, los acuerdos y las extensiones de normas de las organizaciones (mecanismos a través de los cuales se pueden convertir en obligatorios para todos los productores y operadores del sector o producto de los acuerdos que tomen las organizaciones). Otorga a las OIA catalanas plena autonomía y competencia para tomar los acuerdos, sin ningún tipo de limitación respecto a los acuerdos adoptados por terceros u otras entidades, salvo si ellas mismas acuerdan vincularse voluntariamente a acuerdos de otras organizaciones o entidades de naturaleza y objetivos similares. También permite que las organizaciones puedan acordar y obtener, en el ámbito de Cataluña, extensión de normas adecuadas a las condiciones y necesidades particulares del sector y que contribuyan directamente a su desarrollo.

Además, la ley tiene en consideración que hay que garantizar que los operadores y las entidades asociativas representativas que se integren a las OIA sean aquellas que realmente hacen el esfuerzo y la inversión económica en la cadena agroalimentaria, asumiendo, por tanto, los riesgos económicos de sus decisiones.

Se crea también el Registro de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Cataluña, adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, al que deben adscribirse las entidades.

El nuevo marco jurídico se adecua a las características, necesidades y particularidades del sector catalán, con el respeto a las normas reguladoras de la competencia y dentro de los objetivos del artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del resto de la normativa europea en esta materia. Además, la ley permite dar marco regulador en el importante desarrollo que han experimentado las OIA los últimos años y dar cumplimiento a uno de los principales objetivos de la Política Agraria Común, que es la orientación de las producciones agrarias a las necesidades del mercado , con la flexibilización de los mecanismos de intervención para garantizar una oferta agraria más adecuada a la demanda. Fuente: DAAM