El Consejo de Ministros autorizó el viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la compra, por parte del Fondo Español de Garantía Agraria del suministro de leche entera UHT, aceite de oliva y conservas de atún, por valor de 57.386.840 euros, para su suministro a las personas desfavorecidas, en el marco del Programa de Ayuda Alimentaria 2015.

Estos alimentos se unirán a otros, de futura adquisición, como arroz,alimentos infantiles (cereales infantiles, leche de continuación en polvo y tarritos infantiles), garbanzos, alubias, pasta alimenticia tipo espagueti, tomate frito en conserva, crema de verduras deshidratada, galletas, judías verdes en conserva y fruta en conserva sin azúcar añadido, cuyo valor total ascenderá a 118,5 millones de euros.

La compra de estos alimentos está cofinanciada por el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) que aportará el 85% del presupuesto, y con aportación nacional para el 15% restante.

El objeto de los contratos comprende el suministro de los alimentos, su entrega, descarga y apilamiento en los almacenes de las organizaciones asociadas de distribución que designe el FEGA, distribuidos por todo el territorio nacional.

Las organizaciones asociadas de distribución repartirán a su vez los alimentos entre másde 9.000 organizaciones asociadas de reparto que, a su vez, los entregarán de forma gratuita a las personas en situación de pobreza o de especial vulnerabilidad social.

La distribución de los alimentos del Programa 2015 está prevista que se realice en tres fases. Las dos primeras se prevé que se desarrollen en 2015, con la distribución del 70% del total de los alimentos. La tercera fase tendrá lugar durante el primer trimestre de 2016, con el fin de asegurar una continuidad a lo largo del año en el suministro de alimentos a las personas desfavorecidas. En ella se repartirá el 30% restante de los alimentos.

En la página web del FEGA (www.fega.es) se publicará, en los próximos días, la información correspondiente a la publicación de la licitación aprobada en Consejo de Ministros, así como el plazo establecido para la presentación de la documentación por parte de las empresas licitadoras.