La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, va a presentar sus propuestas en materia de política agraria a las distintas formaciones que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo. Estas propuestas se aglutinan en la elaboración de una Ley Agraria de Andalucía, cuyos ejes fundamentales son los siguientes:

– Mejora de las estructuras agrarias, para avanzar en la profesionalización del sector, incrementando el número de agricultores y ganaderos que encuentren en la actividad agraria su medio fundamental de vida. Este objetivo pasa por promover la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y la modernización de las explotaciones, políticas que deben contar con respaldo suficiente en el PDR andaluz. Además, en relación con esta línea de actuación, COAG plantea promover el redimensionamiento de las explotaciones y el aprovechamiento de los bienes públicos de interés agrario, mediante la dinamización del patrimonio público.

– Ordenación de los recursos agrarios de Andalucía para evitar la amortización del patrimonio productivo y realizar una planificación estratégica de las infraestructuras necesarias para mejorar la competitividad del sector agroalimentario.

– Investigación, desarrollo e innovación tecnológica aplicados al sector agrario, como claves para el presente y futuro del mismo. Esto se ha de traducir en la garantía de disponibilidad de los recursos materiales y humanos que permitan su correcto desarrollo, en una adecuada coordinación de esos recursos públicos y en la planificación participativa de sus actividades.

– Un Registro de Explotaciones Agrarias público y único con todos los datos jurídicos relevantes para la gestión agraria en Andalucía, que ofrezca información actualizada útil para el diseño de las políticas y actuaciones en materia agraria.

– Mejora de la comercialización de los productos agrarios de Andalucía, mediante medidas dirigidas a equilibrar las relaciones comerciales en el seno de la cadena agroalimentaria y con la recuperación de actividades tradicionales como la transformación en granja y la venta directa, que contribuyen a generar una economía local de productos artesanos de primera calidad que cuentan con una demanda creciente entre los consumidores.

– Potenciar las producciones locales en el consumo social de Andalucía, dándoles prioridad en las cláusulas que regulan los procesos de adjudicación de contratos de suministro.

– Participación e interlocución agraria como garantía para que el diseño de las políticas agrarias favorezca el interés general de Andalucía.

COAG Andalucía recuerda que la actividad agraria es un pilar fundamental de la economía andaluza, con una producción final agraria que supera los 10.000 M€ y un saldo positivo en la balanza agroalimentaria que en la última década ha aumentado un 46%, consolidando un superávit superior a los 3.000 millones de euros anuales y contribuyendo así a compensar el déficit comercial de Andalucía.

En términos de ocupación, la participación relativa en el empleo alcanza el 7,6%, comparativamente mayor que en el conjunto de España, donde las actividades agrarias representan solo el 4% del empleo. Sin embargo, en el medio rural, calificativo que merece el 80% del territorio de nuestra comunidad, el 70% del empleo está directa o indirectamente vinculado al sector agrario.

Este carácter esencial que la actividad agraria tiene para Andalucía se ve reflejado en el Estatuto de Autonomía, que concede a la Comunidad competencias exclusivas en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural y, en el marco de la planificación general de la economía, sobre la ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario, la mejora y ordenación de las explotaciones; la regulación de los procesos productivos, la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria, la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica agrícola o el desarrollo rural integral y sostenible.

En este contexto económico, social y competencial, corresponde al Parlamento de Andalucía, como representante del pueblo andaluz, adoptar las decisiones fundamentales en el diseño de la política agraria de nuestra comunidad, estableciendo los criterios que deben regir la actuación de la administración andaluza. El máximo rango normativo garantiza la estabilidad necesaria para la ordenación general de una actividad económica.

Por eso, y coincidiendo con el nuevo marco comunitario y la aplicación de una nueva PAC, Andalucía debe elaborar una Ley básica, iniciativa con la que ya cuentan otras comunidades autónomas con igual o menos peso agrario. A juicio de COAG, esta Ley Agraria debe ser una de las tareas fundamentales del nuevo periodo legislativo, y así se lo trasladará a los distintos partidos políticos.