La mayor parte de los Estados miembro, entre los que está incluido España, han decidido aplicar una reducción de un 5% sobre los pagos directos que rebasen los 150.000 euros por explotación. Sin embargo ha habido otros países que han ido más allá con la modulación.
Seis países han limitado los pagos directos a un máximo de 150.000 euros por explotación, es decir aplicarán una reducción del 100% sobre las cantidades que superen ese umbral. Se trata de la región flamenca de Bélgica, Irlanda, Grecia Austria, Polonia e Irlanda del Norte.
Otros países han introducida una modulación con varios intervalos. En Italia, se aplicará una reducción del 50% para las cantidades entre 150.000 y 500.000 euros y del 100% para los pagos por encima de los 500.000 euros. En Bulgaria, se aplicará un 5% de reducción entre 150.000 y 300.000 euros y del 100% para más de 300.000 euros. En Hungría, la reducción es del 5% para pagos entre 150.000 y 176.000 euros y del 100% por encima de esta cantidad,
En el Reino Unido van a aplicar diferentes porcentajes según zonas. En Inglaterra se aplicará solo el 5% de reducción sobre las cantidades que superen los 150.000 euros de pagos directos. En Escocia también se aplicará el 5% a partir de 150.000 euros, pero los pagos directos no podrán superar los 600.000 euros por explotación. En Gales se aplicará una modulación con muchos intervalos: de 150.000 a 200.000 euros se aplicará una reducción del 15%, de 200.000 a 250.000 euros del 30%, de 250.000 a 300.000 euros del 55% y a partir de 300.000 del 100% (no habrá pagos directos superiores a esta cantidad). En Irlanda del Norte, no se cobrarán pagos directos por encima de los 150.000 euros.
En el lado opuesto están los países que no aplicarán ninguna modulación, como es el caso de Alemania, Francia, la región wallona de Bélgica, Hungría, Rumania y Lituania.
Por otro lado, nueve estados miembro (España, Italia, Grecia, Austria, Luxemburgo, Bulgaria, Estonia, Eslovenia y Letonia) han sustraído los salarios pagados por los agricultores antes de aplicar la reducción de los pagos.
La reducción de los pagos se estima en 558 millones de euros entre 2015-19, es decir, unos 112 millones de euros al año.
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