Casi acabado el que en teoría debería haber sido el primer año de aplicación de los nuevos Programas españoles de desarrollo rural 2014-2020, sigue abierta la negociación con la Comisión Europea para su aprobación inicial. Ya se ha hecho público que no va a ser posible aprobar ninguno de los PDR españoles (17 regionales y 1 nacional), ni el Marco Nacional que los encuadra, antes de fin de año, lo que obliga a redistribuir en años posteriores el presupuesto comunitario reservado a estos fines. Este retraso es bastante generalizado, si bien algunos países, que fueron más diligentes en la tramitación (España presentó sus propuestas casi el último día del plazo, en julio de 2014), van a contar con la luz verde de Bruselas a sus Programas antes de fin de año (Polonia, Austria, Dinamarca, Portugal, Alemania, etc.).

En medios oficiales se resta importancia a este retraso, indicando que las actuaciones que se hayan llevado a cabo en 2014 también podrán recibir la aportación comunitaria más tarde (una vez aprobados los Programas) si cumplen con lo que se apruebe. Por otro lado, haciendo de la necesidad virtud, se indica que como también va retrasada la aplicación de los Programas 2007-2013, no hay mucha necesidad de empezar a recibir fondos del período 2014-2020 porque todavía no se han consumido los del septenio anterior.

En algunas Comunidades Autónomas este retraso, unido a la enorme cantidad de observaciones que la Comisión Europea ha enviado a cada Programa (varios cientos) han provocado críticas de grupos de interés y «lobbies» sectoriales (es el caso del PDR de Galicia, cuestionado desde las empresas forestales), que han intentado arrimar el ascua a su sardina sin mucho fundamento porque, como se ha indicado, el retraso es general (afecta a todos los PDR españoles y a una buena parte de los demás), y las observaciones que ha remitido Bruselas son, en su mayoría, sugerencias y recomendaciones que no ponen en cuestión el contenido de los Programas ni implican ningún peligro para su tramitación.