Funcionarios de la Junta de Castilla y León, competentes en materia de inspección de comercio han procedido a recabar información para comprobar si ha existido algún tipo de infracción en el establecimiento del precio de venta al público de vino de la Comunidad como consecuencia de la campaña comercial puesta en marcha por Lidl y las diferencias manifestadas por algunos productores de marcas comerciales afectadas por la misma, que señalan que se produce venta a pérdida.

La Ley de ordenación del comercio minorista prohíbe «realizar ventas al público con pérdida, fuera de los supuestos regulados en la propia normativa». Se entiende que «existe venta con pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura».

Sobre la base de la citada normativa, la actuación de la Junta responde al deber de la Administración de la Comunidad de velar por el respeto a la libre y leal competencia. De la misma forma y con el objetivo de preservar la imagen y el prestigio de los vinos de calidad de Castilla y León, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha abierto un expediente informativo para comprobar que no exista fraude en el etiquetado y en la trazabilidad de la calidad de los vinos incluidos en dicha promoción.

La cadena de supermercados Lidl puso en marcha el pasado 6 de octubre una campaña de promoción denominada ‘Tierra de Vinos’ con la edición de un folleto promocional que incluye 38 vinos de los que once son de Castilla y León, entre los que se incluyen cuatro de la D.O. Ribera de Duero, dos de la D.O. Rueda, dos de la D.O. Toro, y tres de la D.O. Bierzo, Cigales y la marca de calidad Vinos de la Tierra de Castilla y León, respectivamente.

La Junta ha iniciado de oficio la actuación inspectora ante la posibilidad de que se esté incurriendo en venta a pérdida por parte de Lidl y que ya se ha traducido en la presentación de la correspondiente denuncia una bodega afectada ante la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno de La Rioja y el anuncio público de una bodega de la Comunidad de rescindir la relación comercial con la mencionada cadena de supermercados ante los perjuicios que dicha política de precios está ocasionando a sus clientes y colaboradores.

Una vez que los órganos competentes tengan toda la información necesaria para comprobar la posible existencia de una infracción de vulneración de la competencia, o de los aspectos referentes al aseguramiento de la calidad de los vinos de la Comunidad, la Junta de Castilla y León procederá a realizar las acciones que correspondan según la ley.