La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha se cuestiona si la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria excluye a los viticultores después de constatar que se están realizando operaciones de venta de uva sin que los productores conozcan los precios que van a percibir.

Por este motivo, la Organización Agraria solicita al Ministerio de Agricultura que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo creado con los fines de controlar el cumplimiento de las medidas de la citada ley, incluya la uva como alimento que, por su importancia estratégica incide significativamente en la producción y comercialización agraria, tal y como establecen los propios estatutos de la Agencia.

A pesar de la puesta en vigor de la Ley de la Cadena Alimentaria, en la que se regulan los contratos de compra-venta que deben reflejar el precio de las operaciones, muchos viticultores castellano-manchegos han comenzado la vendimia sin contratos y acudiendo a las bodegas sin que éstas hayan publicado la tablilla de precios, salvo en raras excepciones y en las dos grandes industrias que operan en la región, que son las que establecen los precios con un sistema de fijación injusto y desproporcionado.

En este sentido, la campaña de vendimia de este año ha arrancado con unos precios irrisorios que no responden a ninguna lógica. La Organización Agraria se cuestiona en qué se basan los industriales a la hora de establecer dichos precios ya que no tiene sentido esa devaluación si la cosecha estimada presenta un 40% menos de producción aproximadamente con respecto a la de la campaña anterior y con una calidad excepcional.

En esta línea, de nada sirve el esfuerzo de los productores por la calidad si finalmente se paga en base a los precios del vino del final de la campaña anterior o tal vez pasando factura de las condiciones favorables que se dieron hace un par de años, pero en ningún caso atendiendo a la calidad ni a las expectativas de mercado.

Por todo ello, ASAJA CLM pide que AICA se encargue de controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector vitivinícola, y así dar parte a un expediente sancionador en el caso de comprobar que no se formalizan por escrito los contratos alimentarios, no se incluyan los requisitos que deben contener dichos contratos o se incumpla con los plazos de pago en las operaciones comerciales, como ya se está haciendo en otro sectores agroalimentarios como el aceite y los lácteos, así como el Programa Sectorial para frutas y hortalizas.

Por último, pide a la Administración regional que deje de mirar para otro lado y se implique en la transparencia de un sector que ha demostrado que aporta grandes beneficios para la economía castellano-manchega.