LA UNIÓ de Llauradors informa que el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 contempla un recorte de fondos del 12% sobre el periodo anterior. El presupuesto para este periodo es de 450 millones de euros (510 millones el anterior periodo) sobre el que hay que detraer ya 9,8 millones para el pago de compromisos adquiridos y no pagados del periodo anterior.

De esa cantidad la Generalitat se asigna ya 79,3 millones de euros. Si restamos también la partida a la industria agroalimentaria y a los programas Leader que suponen en total 119 millones, sólo quedan unos 242 millones de euros, el 55% del presupuesto, para apoyar a los actores de las zonas rurales que son los agricultores y ganaderos, lo que representa tan sólo unos 40 millones al año para todos los productores agrarios.

Ante estas cifras LA UNIÓ pide a la Generalitat un compromiso firme y real para dotar suficientemente y garantizar la cofinanciación de las medidas, así como un mayor control en la gestión para evitar devoluciones y no dejar presupuestos pendientes para próximos períodos. Asimismo, debe habilitarse un sistema agilice los pagos a los beneficiarios de las ayudas, dado que los retrasos y las situaciones de asfixia financiera que éstos provocan minan la credibilidad futura de este modelo de desarrollo. Por ello, se propone que a iniciativa propia de la Generalitat se establezca un período de pago en el que se compromete a abonar la correspondiente ayuda.

Ayer finalizó el plazo dado por la Conselleria de Agricultura para presentar alegaciones al nuevo PDR sobre el que cabe indicar en primer lugar la falta de información porque únicamente se ha dispuesto de diez días para conocerlo y entregarlas lo que “puede hacer pensar que se pretende pasar de puntillas y justificar así el trámite de la consulta a los agentes sociales”.

No obstante lo anterior LA UNIÓ ha presentado numerosas consideraciones al mismo con objeto de que sean tenidas en cuenta. Entre ellas, y fundamental, que se prioricen las ayudas en los profesionales como personas que ejercen la principal actividad económica en las zonas rurales, que son los garantes del territorio y los que fijan a la población.

Para ello LA UNIÓ apuesta en sus prioridades al nuevo PDR -tal y como ha especificado en sus consideraciones- dotar con más recursos la instalación de agricultores jóvenes, las inversiones en la mejora de las explotaciones agrícolas, las ayudas agroambientales y relacionadas con la climatología, la mejora de la biodiversidad a través de la ganadería, el fomento de la agricultura ecológica, las ayudas para zonas con limitaciones naturales y por unas ayudas LEADER que sirvan para vertebrar el territorio y devolver el protagonismo a unos renovados Grupos de Acción Local (GAL), cuya parte pública de la gestión no supere el 50% y se doten de técnicos cualificados y con capacidad de dinamización, “lejos de la etapa dedocrática y politizada anterior que lastró su eficacia e hizo recelar a todo el mundo”.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que “hay que evitar utilizar el presupuesto comunitario para hacer frente a inversiones y gastos que competen a la Administración local, autonómica y estatal en detrimento de los actores del ámbito rural”.