Como contribución a la recuperación económica con la que últimamente nos quieran hacer creer los responsables de las Administraciones del Estado y sus propagandistas, el Gobierno de Murcia mete de nuevo la mano en el bolsillo de los ganaderos para proceder a la incautación, vía Boletín Oficial de la Región de Murcia, de más de 4,25 Millones de euros que, a buen seguro, Montoro agradecerá.

Esto es así, porque ha entrado en vigor de la Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, publicada en el BORM del 30 de diciembre, que desarrolla el Decreto Legislativo 1/2004, en la que se incluye una importante subida de las tasas que afectan a múltiples sectores y, entre ellos, al sector ganaderos regional, siendo lo más grave, si cabe, que afecta, esencialmente, a aspectos básicos del funcionamiento de las explotaciones ganaderas, de obligado cumplimiento, tales como: Expedición de cartillas ganaderas, Extensión de la guía de origen y sanidad pecuaria imprescindible para cualquier movimiento del ganado, Autorizaciones de inscripción en los registros oficiales, Inspección facultativa previa a la instalación o a modificaciones, Cuota fija por cabeza de ganado para expedición del certificado oficial de movimiento, y un largo etcétera.

Son las denominadas tasas de prestación de servicios veterinarios que, insistimos son obligatorias para todos los ganaderos, y que han sufrido modificaciones con subidas de hasta el 300% en algunos casos (como el de la “Inscripción de explotaciones ganaderas en registros oficiales y cambio de titularidad”), así como con la introducción de nuevas tasas, tales como: Nuevas certificaciones sanitarias, Identificación de animales, Autorización del libro registro informatizado, etc.

En total, son 34 las tasas modificadas o nuevas, cuyo objeto no es mejorar ni la sanidad, ni las condiciones de explotación, ni la sostenibilidad medioambal, sino que tienen exclusivamente un carácter recaudatorio -de rapiña, añadiremos-, cuando a ese mismo sector ganadero se les retiraron las ayudas para el funcionamiento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), que ascendían a más de 1,5 millones de euros al año, así como también se retiraron las ayudas a la contratación de los Seguros para la eliminación de cadáveres para los que, ojo, se anuncia una inminente subida.

A la Consejería de Agricultura, solamente le ha faltado incorporar algunas otras tasas – lo que aportamos como idea-, como por ejemplo: Autorización administrativa para defecar en los corrales, Peajes para sacar el ganado de los establos para el pastoreo, Certificaciones oficiales para el esquilado de ovejas, Autorización para el empollado, en el caso de aves de corral, entre otras similares.

Desde COAG Murcia manifestamos nuestra más absoluta repulsa por estas medidas recaudatorias, por lo que desearíamos que el Gobierno Regional desistiese en su aplicación, ya que de lo contrario, el sector ganaderos sufriría un duro golpe y que, por el contrario,se comprometiera mucho más con los aspectos de seguridad sanitaria que, evidentemente, van mucho más allá de la sanidad animal ya que pueden afectar a toda la población, restituyendo las ayudas para el funcionamiento de las ADS, claves para el control sanitario en las explotaciones.