El Parlamento Europeo aprobó ayer el informe Crisis alimentaria, fraudes en la cadena alimentaria y control al respecto en el que ha enviado una señal inequívoca a la Comisión Europea para que tome las medidas necesarias para que la prevención y la lucha contra el fraude alimentario sean parte integrante de las políticas de la UE.

El eurodiputado socialista Andrés Perelló, que ha trabajado especialmente el capítulo de las sanciones, considera positiva la resolución adoptada ayer, ya que «el Parlamento le pide a la Comisión que no permita más casos de gato por liebre y que actúe con multas que sean lo suficientemente disuasorias de manera que cubran, como mínimo, el doble del beneficio económico estimado que se obtiene con cada actividad fraudulenta».

«En caso contrario -continua Perelló- cometer fraude seguirá siendo demasiado apetecible para los que ganan con ello, pero no para los consumidores a los que se engaña».

El sector agroalimentario de la UE, cuyo valor anual asciende a los 715.000 millones de euros y que proporciona trabajo a 48 millones de personas, se ve cíclicamente amenazado por fraudes como el de la carne de caballo que se quiso hacer pasar por vacuno, como el de los huevos de gallinas criadas en batería que se vendían como ecológicos o como el de la sal para deshielo de carreteras que se comercializaba como sal de cocina.

«Todas estas situaciones de engaño son graves porque confunden al consumidor de forma aberrante, merman su confianza en la cadena alimentaria y causan perjuicio a la imagen de todo el sector agroalimentario», ha manifestado Perelló.

Entre los productos para los que Europol ha detectado un aumento creciente del número de casos de fraude, figuran sectores tan significativos para España como el del aceite de oliva, el pescado, los productos ecológicos, el vino, los zumos de frutas o la carne.

Para Andrés Perelló, «es necesario que la Comisión Europea legisle bajo una definición precisa de fraude, que incluya las denominaciones engañosas y la omisión deliberada de información que pueda llamar a engaño al consumidor». «Es esencial que se incrementen los controles, que se enfoquen hacia el fraude además de hacia la seguridad alimentaria, y que las inspecciones se realicen también sin previo aviso», ha concluido el eurodiputado.