El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, y el portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, han registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno para que dé cuenta de las medidas adoptadas en cada provincia frente al incremento de los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Los socialistas piden información acerca del número de agentes de los equipos ROCA de la Guardia Civil dedicados en exclusiva a los robos en el campo, y sobre los recursos con que cuentan estos agentes.
También se piden datos en cada provincia sobre la evolución del número de infracciones penales denunciadas en explotaciones agrícolas y ganaderas desde el año 2008 hasta el 30 de septiembre de 2013, y el grado de esclarecimiento de las infracciones penales.
Los portavoces socialistas de Interior y Agricultura mantienen su compromiso de realizar un seguimiento del cumplimiento de las medidas anunciadas y adoptadas por los ministros Fernández Díaz y Arias Cañete para combatir los robos en el campo. Ambos ministros en septiembre anunciaron en una presentación conjunta nuevas medidas del Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, “una reedición de lo que el propio Ministerio anunció el año pasado en dos ocasiones”, recordó ya en su momento Antonio Trevín.
Exigencia de “datos reales y no manipulados”
Trevín y Alonso exigen al Gobierno “datos reales y no manipulados” de los robos en las explotaciones agrícolas y ganaderas, y las medidas que el Ejecutivo está adoptando para combatirlos. Recuerdan que en la presentación del Plan en septiembre, Interior “falseó datos” tratando de minimizar el impacto y la alarma generada por el incremento de este tipo de robos, porque cifraban en 15.234 delitos cometidos en el campo en 2012 en el ámbito de la Guardia Civil, cuando el mismo ministerio del Interior reconocía en su contestación a una pregunta escrita de Trevín que en explotaciones agrícolas y ganaderas hubo 23.655 infracciones penales –robos y hurtos-, un 80% más de la cifra aportada en el acto con Arias Cañete.
“Las infracciones penales en las explotaciones agrícolas y ganaderas se han incrementado hasta un 30% en dos años”, subrayó Alonso, “y el Gobierno no puede mirar para otro lado”, por lo que pidió “una respuesta real y eficaz” al problema.
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