La Ley Orgánica por la que se modificó el Código Penal cambió la redacción anterior sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y, en lo referente a la protección de obtenciones vegetales, establece penas de hasta dos años de cárcel para aquellos agricultores que “…con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales”

Esta modificación del Código Penal referente al uso de semillas, realizada a espaldas del sector agrario, refuerza la situación de constante indefensión y dependencia del agricultor frente a las presiones ejercidas por la industria semillera a través del propio Ministerio de Agricultura, que otorga patente de corso a estas empresas en el establecimiento de condiciones abusivas hacia el productor y continua sin atender las razonables demandas del sector.

Recientemente dos agricultores de la Comarca del Bajo Cinca han sido imputados por un supuesto delito contra la propiedad industrial, tras una inspección de campo, por utilizar variedades vegetales protegidas.

A juicio de José Manuel Penella, secretario general de UAGA-COAG “el agricultor ve incrementada la precariedad de su labor con este tipo de presiones, a pesar de que el “privilegio del agricultor” para reproducir sus propias semillas se ha visto cada vez más restringido, las practicas al margen de la Ley no son habituales en el sector; pero las desviaciones no deben ser castigadas con esta dureza, especialmente en el capítulo de la protección industrial mientras existen sectores, como el de la industria discográfica, donde el fraude sí que es evidente y no se persigue a los infractores ni se amenaza con esta dureza al que escucha una grabación que carece de derechos”. Además el Secretario General de UAGA puntualiza que ya es suficiente con la protección civil, sin llegar a la penal, sobre éstas prácticas no habituales en el sector.

UAGA-COAG recuerda que en 2008 ya elaboró un convenio marco con Geslive sobre explotación de variedades protegidas de plantas de frutales, con bonificaciones sobre los royalties.