El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer que, en la actualidad, no hay ninguna propuesta de la Comisión Europea para reformar el reglamento sobre la utilización de alcohol vínico para uso de boca en la elaboración de bebidas espirituosas como el brandy, “ni siquiera en fase de elaboración”.
Arias Cañete respondía de esta manera a una pregunta del diputado socialista Alejandro Alonso, en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, donde el ministro aseguraba que la única propuesta que afecta al sector vitivinícola se enmarca en el proceso de reforma de la Política Agraria Común, “y ahora estamos trabajando para corregir los efectos negativos de las propuestas iniciales de la Comisión”.
En su intervención, Arias Cañete ha recalcado que a su Gobierno sí le preocupa el sector vitivinícola y, para ello, lleva año y medio estableciendo alianzas con otros Estados miembros con el objetivo de prorrogar el sistema de limitación de superficies y frenar la liberalización que acarrearía efectos de deslocalización del viñedo.
En este sentido, el ministro ha apuntado que los principales países productores, como Francia, Italia, Alemania, Portugal o España “hemos impulsado un grupo de alto nivel y hemos hecho unas propuestas de reforma que han sido recogidas por el Consejo de Ministros de la UE el pasado 19 de marzo”. Así, “hemos dado la vuelta a la propuesta inicial de la Comisión, consiguiendo un sistema que prorroga las autorizaciones hasta el año 2024, con lo que mantendremos un sistema de limitación de la producción en beneficio de los viticultores españoles”.
El ministro, que ha acusado al diputado socialista de generar miedo e incertidumbre entre los viticultores españoles, ha recordado que el anterior ejecutivo aprobó una reforma en 2008 “muy perjudicial” para el sector vitivinícola, que eliminó medidas de mercado muy importantes, en especial para Castilla-La Mancha, como la destilación de uso de boca. “Y no solo no se opusieron a eliminar esta medida sino que, cuando se concedió un periodo transitorio de cuatro años, el gobierno socialista sólo permitió que se aplicara durante dos”.
Además, Arias Cañete ha indicado que la reforma de 2008 estableció la eliminación del régimen de derechos de plantación, y aprobó la total liberalización de plantaciones de viñedo para el 31 de diciembre de 2015, a la vez que permitió una reducción considerable del presupuesto del sector de más de 96 millones de euros.
Por el contrario, Arias Cañete ha subrayado que este gobierno “está luchando contra una PAC que recoge lo que ustedes apoyaron en 2008: liberalización del sistema, menos medidas de apoyo y menos presupuesto”.
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