El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, ha destacado el gran esfuerzo realizado por el Consejo para flexibilizar sus posiciones respecto a las acordadas en el mes de febrero y acercarse a las posturas del Parlamento Europeo. “Pero si el Parlamento Europeo insiste en no aceptar el compromiso tal y como ha sido aprobado en el Consejo de esta semana, las negociaciones pueden verse bloqueadas”, ha asegurado

Según ha subrayado Domínguez, “el Consejo ha plasmado en este acuerdo el máximo de sacrificio que puede hacer el sector pesquero y ahora la responsabilidad está en el Parlamento Europeo, que puede apostar por la reforma y negociar de una manera realista, o mantener sus posiciones, y la reforma fracasará”.

Carlos Domínguez hacía estas declaraciones una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, para explicar los resultados del Consejo de Ministros de Pesca, celebrado en Bruselas entre los días 13 y 15 de mayo, donde se analizaron posibles soluciones a los desacuerdos entre el Consejo y el Parlamento Europeo respecto a la reforma de la Política Pesquera Común.

En su intervención, Domínguez reiterado “la apuesta decidida de España por la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), con la certeza de que las nuevas reglas mejorarán la situación actual de nuestro sector pesquero, en términos de evitar la sobrepesca, reducir drásticamente los descartes, simplificar la toma de decisiones regional y crear un sistema homogéneo de cumplimiento de las normas que acabe discriminaciones a favor de unos Estados y contra otros”.

El secretario general ha recordado que España apoya de manera decidida los esfuerzos de la Presidencia irlandesa, “convencida de que es la mejor apuesta por una reforma que tenga en cuenta que nuestro país es el Estado miembro que más se juega y el que más contribuirá a lograr que la reforma sea un éxito, tanto en términos de explotación sostenible de los recursos, eliminación de los descartes y mantenimiento de sus efectos socio económicos”. Con esta reforma, España pretende garantizar el futuro y la rentabilidad de la actividad pesquera y que las nuevas normas sean aplicables y de efectivo control por parte de los Gobiernos.

En cuanto a las negociaciones, Domínguez ha recordado que España consideraba que el acuerdo logrado por el Consejo el pasado mes de febrero debía servir de base para la negociación de la Presidencia irlandesa con el Parlamento Europeo. Sin embargo, “la postura inflexible de algunos grupos parlamentarios han motivado que la Presidencia solicitara en este último Consejo un nuevo mandato con mayor margen de maniobra para los encuentros con el Parlamento Europeo y la Comisión, que comienzan hoy mismo”.

RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE

Así, en relación con el Rendimiento Máximo Sostenible, la posición española siempre ha sido que el objetivo debía establecerse en términos de mortalidad por pesca, es decir, la cantidad que se pesca cada año (una mortalidad por pesca del 50% significa que de cada 100 peces que se incorporan a la pesquería ese año, se retiran 50 mediante la actividad pesquera). Domínguez considera que este sistema es el más idóneo para controlar la cantidad de pescado que se retira del mar cada año.

Sin embargo, el Parlamento Europeo consideraba que deberían establecerse objetivos en términos de biomasa (la cantidad total de pescado que hay en el mar). Domínguez ha asegurado que España es partidaria de avanzar hacia este objetivo, pero no como objetivo vinculante “porque corremos el riesgo de no cumplirlo, simplemente porque las condiciones medioambientales del mar o de alimentación de los peces no sean las adecuadas ese año, y aunque los Gobiernos hagan todo lo que les corresponde para que se recuperen las poblaciones, ello no sucede”.

Por lo tanto, ha completado Domínguez, “nosotros mantenemos este objetivo de mortalidad por pesca para alcanzar en 2015 y, cuando no sea posible porque produzca una reducción demasiado brusca de la actividad pesquera, se haría de manera progresiva hasta 2020”.

No obstante, el secretario general entiende que la posición del Parlamento Europeo y de algunas organizaciones ecologistas es legítima, ya que existen stocks que se encuentran en muy mala situación, como el bacalao del Mar del Norte, cuyo objetivo de mortalidad por pesca para 2015 o 2020 no va a llevar a una recuperación rápida de stocks. Sin embargo, Domínguez ha precisado que los stocks que interesan a España, como la merluza, “están siendo explotados de manera sostenible y con unos objetivos muy rigurosos y exigentes. No compartimos que los stocks que se explotan en lugares como el Mar del Norte, donde nosotros no participamos, sean tratados con mucha mayor benevolencia”, ha enfatizado.

En relación también con el Rendimiento Máximo Sostenible, España comparte la obligación de llegar a acuerdos con los países vecinos en el caso de stocks compartidos (Marruecos, Islandia o las Islas Feroe), de manera que no sea la Unión Europea la única que haga esfuerzos por su recuperación biológica.

DESCARTES

Por lo que se refiere a la regulación de los descartes, el Consejo llegó en febrero a un “difícil acuerdo” para establecer un calendario progresivo de implantación de la prohibición de descartes, con un máximo permitido de descartes del 9% y que, al cabo de un periodo transitorio de 5 años, llegaría hasta el 7% máximo. A eso se añadía la flexibilidad de que las capturas de una especie pudieran computar como capturas de otra, y también poder pasar de un año a otro las cuotas que no se utilizan. Con ello, ha explicado, “reducimos enormemente los descartes, pero no paralizamos la actividad de la flota, sobre todo en el caso español que tiene muy poca cuota”.

Según ha indicado el secretario general, el Parlamento Europeo ha mostrado una posición muy radical, porque pretendía un porcentaje cero de descartes, pero sin cambiar la estabilidad relativa y el reparto de cuotas. Tampoco estaba dispuesto a permitir descartar especies de muy poco valor y que se pudren rápidamente, como el ochavo.

Finalmente, el Consejo le ha pedido a la Presidencia que negocie con la Eurocámara un límite de descartes decreciente del 7% al 5%, al cabo de 4 años, sobre el total de capturas de cada Estado miembro, sin límite anual por barco o por marea, acogiendo la petición española.

También se ha reducido en el texto acordado la flexibilidad entre especies, del 10 al 9 por ciento de la especie objetivo, “algo que no altera de manera significativa nuestras necesidades”. Al mismo tiempo, se incluye que la obligación de desembarque de todas las capturas entre en vigor a la vez que todas las exenciones y flexibilidades “que permiten a la flota ir adaptando el porcentaje llamado de mínimis del 7 al 5 por ciento, la flexibilidad entre especies y la flexibilidad interanual”.

Domínguez ha lamentado que no se haya logrado una excepción para el Mediterráneo que prohíba el desembarco obligatorio de peces que están por debajo de la talla mínima. No obstante, el secretario general se ha comprometido a seguir defendiendo en el PE esta propuesta “que goza de amplio apoyo en nuestro sector pesquero, Organizaciones no Gubernamentales y Comunidades Autónomas”.

PLANES PLURIANUALES

En materia de los planes plurianuales de gestión, Domínguez ha indicado que la pretensión del Consejo es conservar las competencias que tiene en materia de fijación de posibilidades de pesca. “no queremos que los planes plurianuales tengan tantos condicionantes que, al final, el Consejo se limite a trasladar a un reglamentos un número de toneladas de cuota que ya esté prefijado de antemano”, ha comentado. Como el asunto está ahora ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Presidencia ha propuesto un texto que deja para más adelante la resolución de la cuestión, cuando ya se cuente con una sentencia que lo aclare.

En términos de capacidad pesquera, Domínguez ha rechazado que la culpa de la sobreexplotación pesquera la tenga el número de barcos que existe. Por eso, ha aclarado que “el hecho de que exista más capacidad de la estrictamente necesaria para capturar las cuotas disponibles no determina que los recursos estén sobreexplotados”. En todo caso será el control que se realice sobre esa actividad pesquera, “y España ha mostrado su compromiso en este aspecto, como también hemos aplicado donde han sido necesarias políticas de reducción de capacidad, hasta un 40% en los últimos 15 años, artesanales e industriales, a pesar de lo que digan algunos”.

A pesar de la rigidez del PE a la hora de solicitar calendarios de reducción de flota y suspensión de todas las ayudas del Fondo de la Pesca en caso de incumplimientos, finalmente se ha acordado que será la Comisión la que prepare los informes de capacidad y proponga los planes de ajuste necesarios.

Por otro lado, Domínguez ha mencionado el tema de la regionalización, donde España ha defendido mantener el texto aprobado en febrero, “evitando las tentaciones de algunos Estados miembros de renacionalizar la PPC”. En este sentido, al final ha prevalecido que las propuestas en las que colaboren los Estados miembros sobre una región tendrán que llevarse a cabo por consenso.

También se ha modificado muy ligeramente la composición de los Consejos Consultivos Regionales, donde el sector extractivo e industrial tendrá una representación del 60% y un 40% el resto de los grupos de interés.

Sobre las medidas medioambientales o la creación de Áreas de Protección Pesquera, se ha podido evitar las pretensiones re-nacionalizadoras de algunos Estados miembros, que pretendían poder adoptar de forma unilateral, más allá de las 12 millas, medidas restrictivas que afectaran a buques de otros Estados miembros.

ALMADRABAS

Por último, Carlos Domínguez ha informado de que España ha logrado que, “por primera vez en la historia de la PPC, las almadrabas queden incluidas en la definición de buque pesquero, con lo que quedarán incluidas en las normas de la PPC no sólo a efectos de cumplir sus obligaciones, sino también para los beneficios que les correspondan”.

Además, Domínguez ha señalado que el reglamento crea un nuevo Grupo de Expertos en materia de Cumplimiento, para asesorar a la UE en estas materias, compuesto por miembros de la Comisión, los Estados miembros y la Agencia de Control.