La Viceconsejera de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Mª Jesús Pascual, ha asegurado, tras la reunión mantenida ayer con el conjunto del sector, que el último borrador de norma de calidad del ibérico presentado por el Ministerio es muy perjudicial para los intereses de su Comunidad. Especialmente ha destacado dos cuestiones muy negativas, que empeoran los borradores anteriores.

Una de ellas es la inclusión del porcentaje del factor racial dentro del nombre comercial. Pascual ha señalado que aunque los andaluces defiendan que se mejora la información al consumidor, Castilla y León cree que no es así, y que habría que distinguir lo que es el nombre comercial y por otro lado en el etiquetado habría que informar de cual es la procedencia de ese producto, como sucede en otros productos agrarios. Tal es el caso, por ejemplo del queso, en el que el porcentaje de leche de vaca, cabra y oveja no se indica en el nombre comercial sino en el etiquetado.

Para la viceconsejero, ahora no se pueden cambiar los nombres comerciales ya consolidados y conocidos por el consumidor, como son ibérico de bellota, ibérico de cebo etc. Esta a favor, para mejor la norma que ahora está vigente, de que haya un mayor control por parte de las entidades de certificación para velar para que el producto se corresponda con su nombre comercial.

Otra de las cuestiones es que el borrador no incluye ningún periodo transitorio para que los industriales puedan adaptar sus etiquetas. Tampoco la norma incluye período transitorio para que las explotaciones puedan adaptarse a las nuevas exigencias de superficie por animal, las cuales, además van a suponer un aumento de los costes de producción (sobre un 10% más según las estimaciones del sector) y que se reduzca la oferta de producto en el mercado.

Tanto para la Consejería, como para el sector, el porcentaje racial en el nombre y la falta de período transitorio son dos de los puntos rojos del nuevo borrador, por que hay que seguir luchando. Hasta el final de la semana próxima hay plazo para la presentación de alegaciones.

Castilla y León le va a pedir al Ministerio que atienda sus reivindicaciones, o bien que retire el borrador presentado y que mediante una Orden Ministerial u otro instrumento jurídico se intensifique los controles que fue la cuestión inicialmente planteada y a partir de la cual surgió la modificación del RD vigente.

Se está redactando un documento que incluye estas reivindicaciones que va a ser suscrito por el sector, el cual ha apoyado la redacción y firma de un nuevo documento.