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Invertir más y mejor en la agricultura es una de las maneras más eficaces de reducir el hambre y la pobreza y de proteger el medio ambiente, según el informe SOFA

10/12/2012

Invertir más y mejor en la agricultura es una de las maneras más eficaces de reducir el hambre y la pobreza al tiempo que se salvaguarda el medio ambiente.

Este es el mensaje clave de uno de los informes anuales más importantes de la FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2012 (SOFA, por sus siglas en inglés) presentado hoy en Roma.

Los más de mil millones de campesinos que hay en el mundo deben centrar cualquier estrategia de inversión agrícola, ya que son los mayores inversores en este sector, destaca el informe. Pero las inversiones de los agricultores a menudo están limitadas por entornos que no les son favorables.

«Es necesaria una nueva estrategia de inversión que esté centrada en los productores agrícolas», aseguró el Director General de la FAO, José Graziano da Silva. «El desafío es -añadió- enfocar las inversiones hacia áreas en donde se obtengan resultados. Es importante garantizar que las inversiones redunden en elevados beneficios económicos y sociales y en sostenibilidad medioambiental».

Invertir en agricultura es rentable

Nuevos datos obtenidos para el informe muestran que los campesinos de los países de bajos y medianos ingresos invierten más de 170 000 millones de dólares EEUU al año en sus explotaciones -alrededor de 150 dólares por agricultor. Esta cifra supone tres veces más que todas las otras fuentes de inversión combinadas, cuatro veces más que las contribuciones del sector público, y más de 50 veces la ayuda oficial al desarrollo que reciben los países.

Invertir en la agricultura es claramente rentable, según el estudio de la FAO. En los últimos 20 años, por ejemplo, los países con las tasas más altas de inversión en las explotaciones agrícolas han hecho los mayores progresos en reducir el hambre a la mitad, para cumplir con el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio.

Las regiones donde el hambre y la pobreza extrema están más extendidas -Asia meridional y África subsahariana- han visto las tasas de inversión agrícola estancadas o en disminución en las tres últimas décadas.

«La evidencia reciente muestra signos de mejoría, pero erradicar el hambre en estas y otras regiones, y lograrlo en forma sostenible, requerirá un aumento sustancial en el nivel de inversión agrícola en las explotaciones y enormes mejoras en el nivel y la calidad de la inversión pública en el sector», señala el informe.

Superar las barreras

El informe hace hincapié en que en muchos países de bajos y medianos ingresos, los campesinos cuentan a menudo con pocos incentivos para invertir.

Hay una serie de factores que pueden reducir drásticamente los incentivos para la inversión, entre los que figura la gobernanza inadecuada, la ausencia del estado de derecho, altos niveles de corrupción, derechos de propiedad inseguros, prácticas comerciales arbitrarias; elevado nivel de impuestos a la agricultura en relación con otros sectores, y niveles y calidad inadecuados de las infraestructuras rurales y los servicios públicos.

Los pequeños campesinos se enfrentan a limitaciones específicas y graves, que a menudo incluyen la pobreza extrema, derechos de propiedad débiles y la falta de acceso a los mercados y servicios financieros.

La superación de estos obstáculos será esencial para liberar el potencial de inversión de los agricultores en muchas zonas rurales. El SOFA recomienda centrarse en una serie de ámbitos con el fin de fomentar la inversión de los pequeños campesinos, incluyendo los siguientes:

• Los gobiernos y sus socios para el desarrollo deben ayudar a los pequeños campesinos a movilizar sus propios ahorros y obtener un mejor acceso al crédito.
• Organizaciones de productores más sólidas, como las cooperativas, pueden ayudar a los pequeños productores frente a los riesgos y proporcionar un mejor acceso al mercado.
• La protección social puede contribuir a la expansión de la base de activos de los pequeños agricultores más pobres.

Mejor uso de los fondos públicos

Los gobiernos nacionales son la segunda fuente de inversión en la agricultura. El informe insta a los gobiernos ya los donantes a canalizar sus limitados fondos públicos hacia áreas que han demostrado ser muy favorables para el crecimiento agrícola y la reducción de la pobreza, como la investigación y el desarrollo agrícolas, la infraestructura rural y la educación.

La experiencia en muchos países demuestra que la inversión en estas áreas a menudo «tiene rendimientos mucho más altos que el gasto en subsidios para insumos agrícolas, como fertilizantes.» Si bien estos subsidios pueden ser populares a nivel político, por lo general no ofrecen los mejores rendimientos.

Inversiones a gran escala

El informe hace un llamamiento a los gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y las empresas inversoras para garantizar que las grandes inversiones en agricultura -como la adquisición de tierras por empresas y fondos privados-, son transparentes, responsables, socialmente beneficiosas y sostenibles para el medio ambiente.

«La palabra clave es buena gobernanza. Debemos garantizar que las inversiones cumplen una serie de condiciones que aseguran su contribución a la seguridad alimentaria y al desarrollo local sostenible», advirtió Graziano da Silva.

Instrumentos como las nuevas Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS, por sus siglas en inglés), ofrecen a los gobiernos y comunidades apoyo para negociar contratos que son beneficiosos al tiempo que respetan los derechos, medios de vida y los recursos de los más vulnerables.

El CFS ha iniciado también un proceso para desarrollar y garantizar una participación amplia de los principios de inversión agrícola responsable. Se espera que promuevan inversiones en agricultura que contribuyan a la seguridad alimentaria y la nutrición, y apoyen la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

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