LA UNIÓ de Llauradors solicita la retirada de la normativa autonómica por la cual prescriben las obligaciones de la Generalitat a los cuatro años porque en el caso del sector agrario existen deudas contraídas con los agricultores y ganaderos desde el año 2009. En total adeuda la Generalitat de forma directa a los productores más de 120 millones de euros, además de otros tantos a cooperativas o a entidades relacionadas con el desarrollo rural.
El artículo 18 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, establece que el derecho al reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas prescribirá a los cuatro años, contados desde el nacimiento de las obligaciones o desde su reconocimiento o liquidación respectivas. En definitiva que la normativa vigente establece que la obligación de pagar por parte de la Generalitat prescribe y que a cualquier ciudadano -agricultor y ganadero en nuestro caso- a quien se le haya otorgado una ayuda, si no se le abona en cuatro años, pierde el derecho a cobrarla.
LA UNIÓ considera que dada la generalización de impagos de ayudas por parte de la Generalitat, en algunos casos incluso pendientes de cobro desde el año 2009, no tiene sentido mantener una legislación obsoleta y desfasada de acuerdo a la situación actual de crisis económica.
Esta organización agraria opina que es necesario para evitar estas situaciones que se incluya una fecha de pago de cada una de las ayudas, al mismo tiempo que se remite la resolución de reconocimiento de la deuda con objeto de que los ciudadanos tengan claro cuando van a disponer del dinero que legítimamente les pertenece y así también en caso de retraso puedan solicitar los correspondientes intereses de demora.
Mientras esta normativa permanezca en vigor, LA UNIÓ aconseja a los agricultores y ganaderos, como acreedores legítimos de la Generalitat, que reinicien el derecho a cobro mediante la correspondiente solicitud.
Para ello ha iniciado una campaña de información a través de sus oficinas repartidas por toda la geografía valenciana con el objetivo de que ningún agricultor o ganadero perceptor de una ayuda de la Generalitat se quede sin el cobro de la misma por haber prescrito a los cuatro años.
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