El borrador de la norma de calidad del ibérico que ha elaborado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) atenta gravemente contra los derechos de los consumidores, la libre competencia y la economía de mercado, ya que propone conceder a los ganaderos e industriales la potestad para que sean ellos mismos, a través de la Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), los que supervisen el cumplimiento de la norma de calidad desde la finca hasta el punto de venta. Según el borrador, ASICI tendría el monopolio estatal para gestionar el cumplimiento de los requisitos de la norma en las distintas etapas de producción, elaboración y distribución de los productos ibéricos ejerciendo las competencias que hasta ahora, la legislación vigente adjudica a las entidades reconocidas en este país para certificación e inspección.

En su documento de alegaciones, la Asociación Nacional de Entidades de Inspección y Certificación acreditadas de Producto Agroalimentario (ANCIPA) ha expresado por escrito su inquietud ante un borrador de Real Decreto que designa a ASICI para que controle el acceso al mercado para evaluar el cumplimiento de la norma del ibérico. Esto supone una grave distorsión de la competencia ya que una única entidad privada tendría la potestad de ser “juez y parte” a la hora de decidir qué organismos independientes de control pueden ser colaboradoras de la Interprofesional y cuáles no y qué procesos de control han de llevarse a cabo y cuáles no.

En la práctica, la propuesta del Ministerio de Agricultura supondría que la Interprofesional del Cerdo Ibérico tendría en exclusiva las competencias para verificar las básculas de los mataderos, sería la depositaria de los precintos que identifican cada pieza de carne en función de la raza y la alimentación y, por si fuera poco, también ejercería el control sobre los informes que hasta ahora emiten las entidades de inspección que debe acompañar a los animales a la llegada a matadero. A juicio de ANCIPA, esto supone un cúmulo de despropósitos que ignora en todo momento la profesionalidad, transparencia e imparcialidad que la vigente Ley de Industria establece en España para los procesos de control de la calidad industrial.

Desde un enfoque puramente jurídico, la propuesta de Real Decreto para regular la norma de calidad del ibérico incumple varios artículos de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio) que prohíben la explotación abusiva de una posición de dominio. Además, el borrador viola el artículo 38 de la Constitución Española, que establece literalmente: “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad….”

Por otra parte, ANCIPA ha expresado en sus alegaciones que, en líneas generales, el borrador de Real Decreto adolece de falta de claridad y necesita el desarrollo en detalle de varios aspectos básicos. Por ejemplo, no se especifica qué productos concretos estarán acogidos a la norma de calidad, mas allá de la carne fresca, jamones, paletas y lomos. Tampoco se recoge lo necesario para garantizar que las actividades de inspección y certificación de producto sean requisitos obligatorios para las empresas.

Más costes, pero no más garantías

Otra de las indicaciones que ANCIPA ha incluido en sus alegaciones es que el borrador de Real Decreto recoge nuevos requisitos que se van a traducir en un importante desembolso económico para los operadores del sector sin que supongan una mejora sustancial de la trazabilidad ni de la calidad. Se proponen nuevos requisitos que pueden suponer una pérdida de valor añadido y, por tanto, de rentabilidad. Así, la identificación de las piezas mediante una numeración única e individual supone un importante aumento del volumen de documentación que deben generar las empresas y muchas industrias de transformación tendrían que recuperar del pasado algunos procesos de loncheado de menor rendimiento porque no serían capaces de cumplir con los nuevos requisitos.

El documento de alegaciones entregado por ANCIPA al Ministerio de Agricultura ha sido firmado por entidades de inspección y por entidades de certificación. ANCIPA ostenta la representación mayoritaria de las entidades de inspección y certificación acreditadas en España para la norma de calidad de productos ibéricos.