La liberalización del mercado eléctrico y la consecuente pérdida del derecho a una tarifa especial para riego agrícola –en vigor desde el 1 de julio de 2008– ha supuesto un brutal encarecimiento de los costes de la energía que los agricultores asumen para extraer las aguas subterráneas de sus pozos. En tan solo cuatro años, el nuevo sistema ha acabado por disparar el precio mínimo mensual (término de potencia) –por imposición del Gobierno– hasta un 70% y el consumo (término de energía) un 35%, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

“El libre mercado eléctrico en España jamás ha resultado ser un marco idóneo para rebajar el recibo de la luz aprovechando la competencia que supuestamente se generaría. Así, pese a los anuncios oficiales, en realidad los agricultores no hemos apreciado en ningún momento esa competencia, sino que el Gobierno ha eliminado bonificaciones y decretado una subida tras otra de los precios de los peajes que, sumado al aumento del precio de la energía, nos hace insoportable el coste de la facturación eléctrica”, denuncia el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. Tanto es así que para próximos meses el sector agrario espera otra subida.

Además de exigir actuaciones encaminadas a lograr y vigilar una verdadera libre competencia en el sector eléctrico, la organización agraria insta al Ministerio de Industria a instaurar contratos de temporada flexibles para las explotaciones de regadío, de manera que los agricultores paguen por la potencia utilizada solo durante los meses en los que riegan sus cultivos.

Para Aguado, “la subida de los costes de producción como el riego, el gasóleo y los abonos asfixian a los agricultores y están empujando a muchos a abandonar sus explotaciones, sobre todo cuando los precios están bajo mínimos y los robos de cosechas e instalaciones de riego se repiten con total impunidad”.