Aunque en sus propuestas para 2014-2020 la Comisión Europea
apuesta por incorporar los seguros agrarios a la "caja de herramientas" del
FEADER, existen varios escollos que impedirían que el sistema español de
subvenciones pudiera encajar tal como es hoy, sin retoques. Es por eso que
España sigue intentando que se modifique el proyecto de reglamento, habiendo
conseguido el apoyo parcial de algunos países en los debates mantenidos esta
semana en Bruselas, que tendrán continuidad en el Consejo de Ministros de
Agricultura convocado para el 16 de julio.
La primera dificultad es que el texto de la propuesta de reglamento del FEADER (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_es.pdf)
indica (en su artículo 7) que no pueden coexistir los programas regionales con
los nacionales, mientras que el Ministerio preferiría que las subvenciones de
ENESA, que siguen constituyendo el grueso del sistema español de apoyo a los
seguros, se integrasen en un PDR nacional. La Comisión Europea sigue rechazando
esta posibilidad, e insiste en que España puede recurrir, si así lo desea, a "un
marco nacional con los elementos comunes" de los programas regionales, pero no a
tener a la vez una mezcla de programas regionales y nacionales. Como las
subvenciones de ENESA son soportadas íntegramente por los Presupuestos del
Estado, es de suponer que en principio no tendría ningún interés para las
Comunidades Autónomas desviar parte del FEADER (que además se prevé más escaso)
a esta política, en detrimento de otras necesidades de sus PDR regionales, salvo
que el Ministerio consiga retener parte de los fondos FEADER para gestionarlos
directamente mediante el Programa nacional que rechaza la Comisión Europea o
mediante otra fórmula. Las cifras en juego son significativas, situándose en
torno a 250 millones de euros las ayudas estatales a los seguros, por lo que en
el supuesto más probable de que se cofinanciaran al 50%, su inclusión restaría
125 millones de euros de FEADER a los programas regionales, sin contar las
ayudas complementarias de las Comunidades Autónomas.
El segundo problema es que la misma propuesta (en su artículo 37) limita los
fondos comunitarios para los seguros a las "contribuciones financieras abonadas
directamente a los agricultores para el pago de las primas del seguro",
modalidad en la que no encaja el actual sistema español, que canaliza las
subvenciones a través de las empresas aseguradoras. Varios países, como Portugal
y Francia, apoyan la petición española de que se flexibilice este requisito, y
la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a estudiarlo. Este aspecto está
también relacionado con la estructura de la programación (regional, nacional o
mixta) porque la disciplina de gestión de los fondos del FEADER obliga a
canalizar la gestión a través de organismos pagadores únicos por Programa. En
todo caso, tampoco sería un obstáculo insalvable, pero obligaría a adaptaciones
más o menos costosas del sistema español, recurriendo en su caso a fórmulas como
la cesión de cobro de subvenciones, si se desearan evitar los pagos directos a
los agricultores.
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