La Unión de Agricultores y Ganaderos de Sevilla, COAG Sevilla, ha vuelto a denunciar ante la Consejería de Agricultura, que a pesar de las altísimas temperaturas reinantes en nuestra provincia durante la presente semana, se siguen produciendo de forma reiterada tratamientos aéreos con herbicidas, saltándose a la torera la normativa vigente en esta materia.

Tras las reuniones mantenidas por nuestra organización agraria con los responsables de la Consejería de Agricultura y de la Delegación Provincial de Sevilla en materia de sanidad vegetal, hemos conseguido el compromiso de la Administración pública andaluza de que por parte de los técnicos y funcionarios de las Oficinas Comarcales Agrarias se realice un mapeo de las zonas afectadas, se envíen muestras de plantas dañadas a los laboratorios oficiales y se cuantifiquen los daños producidos en el algodón y en el tomate industrial.

Igualmente, los técnicos y funcionarios públicos, con la colaboración del SEPRONA, han realizado inspecciones en las pistas de despegue y en las empresas de servicios de tratamientos terrestres, con objeto de verificar que se cumple la normativa en cuanto a la correcta utilización de los herbicidas, levantando las actas correspondientes.

Estas actuaciones permitirán esclarecer los hechos. Desde COAG Sevilla esperamos y exigimos que posteriormente se establezcan responsabilidades

Sin embargo, si por un lado se están dando pasos en la buena dirección, por otro, desde COAG Sevilla no entendemos como la Delegación Provincial de Sevilla ha permitido que se hayan realizado tratamientos aéreos en los primeros días de esta semana, en los que las altas temperaturas mínimas que hemos tenido prohíben dichos tratamientos, tal y como marca la normativa vigente.
Sería paradójico que finalmente fuera la propia Administración Pública Andaluza la responsable final de los daños sufridos en los cultivos de algodón y tomate para industria. No olvidemos que la vigilancia en la correcta aplicación de la norma es de su competencia. Mas si cabe en este caso que está advertida. El futuro de muchas explotaciones familiares agrarias del Bajo Guadalquivir está en juego.