La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se felicita por la rebaja estructural del módulo de cotización del olivar del 32% al 26%, anunciada ayer por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas durante la reunión mantenida en el MAGRAMA con los representantes del sector. Sin embargo, esta organización lamenta el retraso de la Administración ya que los olivareros no podrán beneficiarse de esta rebaja hasta el próximo ejercicio fiscal. Según fuentes oficiales, se publicará en la Orden ministerial habitual del mes de noviembre.

Tal y como certifican los informes técnicos presentados por COAG, el bajo precio del aceite de oliva [1] en las últimas cuatro campañas y el aumento de precio de los diferentes inputs hace que la revisión fiscal deba ser permanente y no circunscrita a las variables de cada campaña. COAG pone como ejemplo el caso de una explotación en Jaén que, con unos ingresos brutos de 50.000 euros, tendría unos gastos de 47.000 euros tras tener en cuenta los inputs (que se han elevado de forma importante en los últimos años: abonos, recogida, fertilizantes, gasóleo…) y un volumen de ingresos cada vez más reducido debido al bajo precio del aceite. Su beneficio neto sería entonces en torno a 3.000 euros. Al aplicar un módulo fiscal actual del 32%, Hacienda estima que la rentabilidad es de 16.000 euros, cuando realmente es de 3.000. Por lo tanto, el olivarero está tributando por 13.000 euros que no ha ingresado. El resultado es que el olivarero está pagando 3.250 euros más por un módulo que es irreal, según los cálculos realizados por COAG en Jaén. “A tenor de estos datos, incluso el 26% estaría por encima de la capacidad contributiva real del sector de olivar”, ha matizado Gregorio López, responsable del sector del aceite de oliva en COAG.

Sin embargo, aunque esta rebaja supone un pequeño balón de oxígeno para los productores, por sí sola es insuficiente para paliar las pérdidas que acumula el sector. COAG plantea las siguientes líneas estratégicas para asegurar el futuro a medio y largo plazo:

– Se ha de adecuar la normativa de defensa de la competencia en materia agroalimentaria para evitar posiciones de dominio de la distribución. El sector en su conjunto debe poder actuar en la regulación del mercado a través de instrumentos como CECASA, o medidas similares a los antiguos depósitos reversibles o mediante las interprofesionales existentes en el sector, por ejemplo, con la creación de stocks estratégicos o la retirada de categorías de inferior calidad.

– Los mecanismos de regulación de los mercados son absolutamente necesarios y la activación de aquellos disponibles en la legislación vigente para el aceite de oliva debe exigirse, especialmente cuando se dé el requisito de grave perturbación del mercado.

– Se han de iniciar de modo inminente y urgente las gestiones para la reforma del sistema de almacenamiento privado, con el fin de actualizar los precios de desencadenamiento y automatizar se activación. La situación actual del sector es muy delicada y no se puede esperar a la reforma de la PAC para que se produzca esta modificación.