A punto de conocerse las
propuestas presupuestarias del Gobierno, algunas Comunidades Autónomas
siguen presionando al Ministerio de Agricultura para que se doten y se
aprueben los planes de zona de la Ley de Desarrollo Rural que les
permitirían recibir fondos del Estado para su ejecución. Para estas CC.AA.
la Ley es una forma de conseguir fondos estatales para proyectos que
tendrían que ejecutar de todos modos (escuelas, carreteras, depuradoras de
aguas, etc.), aliviando así su situación financiera. Estas peticiones llegan
ahora porque con el Gobierno anterior no se llegaron a gastar prácticamente
ninguno de los miles de millones de euros que se pregonaron desde 2007: de
los 500 millones al año a partir de 2008 anunciados al principio (https://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=81583)
solo vieron la luz en total, en los cuatro años de parsimoniosos
preparativos de la Ley, menos de 100 millones (96 millones para programas
piloto y 2,6 millones para los planes de la Rioja, los únicos aprobados
hasta ahora:

https://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=81971).

Según otras opiniones,
si se aprobaran estos planes podría resultar perjudicado el propio medio
rural. No habría nada que objetar a estas transferencias si no fuera porque
parece casi imposible que otros Ministerios distintos del de Agricultura se
impliquen aportando fondos para el medio rural. Pero si esta colaboración
efectiva de otros Ministerios no se consiguió en el arranque de la Ley, con
una situación presupuestaria más holgada, nadie espera que ahora pueda
hacerse. El resultado es que el MAGRAMA es el único que aportaría fondos,
soportando con su presupuesto áreas de gasto que corresponderían a otros
Departamentos, lo que de hacerse significaría un riesgo grande de vestir a
un santo (ajeno) desvistiendo a otro (las políticas propias del Ministerio).
En un horizonte de recortes importantes en el gasto, puede acabar
resintiéndose la política agraria, con lo que paradójicamente la Ley de
Desarrollo Rural perjudicaría al medio rural.

Las cifras en juego son
importantes, porque de aprobarse los 17 convenios con las CC.AA. el
Ministerio tendría que poner para la Ley de Desarrollo Rural 181 millones
anuales durante 5 años, lo que parece imposible sin recortar partidas
importantes. Estas necesidades se solapan además en el calendario con los
requerimientos de financiación para el cierre de los Programas de Desarrollo
Rural 2007-2013 que cofinancia la UE (https://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=83091).

Dentro de la revisión
profunda de la Ley que anunció el Ministro, una de las opciones que se
plantean es congelar su puesta en marcha, lo que parece cada vez más
justificado si se tiene en cuenta que en breve habrá que empezar a redactar
los nuevos programas de desarrollo rural del FEADER para 2014-2020, y no
están los tiempos para duplicidades que generan ineficacia y costes
administrativos. En este contexto el Ministerio está también preparando un
nuevo instrumento, denominado Plan Estratégico de Diversificación de la
Actividad Económica en el Medio Rural.