La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, considera que, una vez publicada la Ley Andaluza del Olivar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tras su aprobación por el Parlamento el pasado 28 de septiembre, la Consejería de Agricultura debe poner la mayor celeridad en el Plan Director, agilizando los trámites y no apurando el plazo máximo de un año que la norma establece para su convocatoria.
Esta organización agraria cree que esta Ley, que siempre hemos calificado de positiva por ser una oportunidad de abordar los problemas del sector, debe ser desarrollada con la mayor celeridad posible, porque si no, no servirá de nada. En ese sentido, la sectorial de olivar de COAG, reunida hoy en Sevilla, recuerda que el principal objetivo de la norma es mantener la renta de los olivareros, una aspiración fundamental y reivindicación de esta organización agraria durante todo el proceso de elaboración y tramitación de la norma, que se revela aún más necesaria si tenemos en cuenta las perspectivas que apunta la PAC propuesta para el periodo 2014-2020.
Para ello, una de las medidas importantes que se debe poner en marcha es la definición de los territorios del olivar, es decir, que cuanto antes se determine la situación real del sector (la Ley debe proteger a los que están antes que a los que puedan venir).
Asimismo, la Ley debe servir para fomentar la calidad del aceite de oliva, combatiendo los posibles fraudes y debe promover la modernización de las explotaciones. Otro de los objetivos principales es la lucha contra las prácticas que perjudican al sector como el uso del aceite de oliva como reclamo. En ese sentido, esta organización agraria también solicita a la Consejería que promueva el debate ante el Ministerio para evitar que el aceite de oliva se incluya en la cesta de la compra que se toma como referencia para hacer el cálculo del IPC, ya que esta presencia supone una fuerte presión a la baja en el precio que perciben los productores.
En definitiva, COAG solicita que se pongan en marcha cuanto antes los distintos reglamentos de desarrollo de la Ley del Olivar, para definir las medidas concretas que necesita el sector, y que es momento de concretar también la asignación presupuestaria para cada una de ellas.
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