La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha venido defendiendo los contratos territoriales y reclamando su aprobación y puesta en marcha. UPA considera que esta figura supone un instrumento que beneficiará a las explotaciones familiares ligadas al territorio y les otorgará preferencias y prioridades ante cualquier medida regulada por las diferentes políticas agrarias, tanto relacionadas con el desarrollo rural, como las propias de los pagos directos de la PAC y las actuaciones sectoriales, tal y como viene regulado en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Los contratos territoriales son una herramienta a favor de la agricultura territorial que establece un conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural.

Según dice la Ley, la suscripción de estos contratos será “requisito necesario” para beneficiarse de las prioridades a los diferentes tipos de apoyo de fondos o normas comunitarias o nacionales relativas al sector agrario y desarrollo rural. También será de aplicación directa para los Planes de Zona de la Ley de Desarrollo sostenible en el medio rural donde se incluya esta medida.

Estos contratos tienen por objeto hacer que los poderes públicos reconozcan claramente a la agricultura y a la actividad que ejercen los agricultores y ganaderos por su carácter multifuncional y que puedan ser compensados por los bienes públicos que ejercen y que no son remunerados por el mercado.

En este sentido, desde UPA se reclama que además de dotar de ciertos criterios de preferencia y prioridad a los agricultores y ganaderos que suscriban dichos contratos, se debe acompañar a esta medida un suficiente respaldo presupuestario para su fomento. UPA también solicita a las Comunidades Autónomas el desarrollo y aplicación de este instrumento a favor de la agricultura territorial.

Para UPA, estos contratos deben tener por objeto contribuir a una distribución más equitativa de las ayudas públicas favoreciendo a los territorios con mayores impedimentos y dificultades orográficas, demográficas o de protección medioambiental, y a los colectivos de explotaciones familiares que trabajan y gestionan el territorio de una manera sostenible.