El Senado ha dado su apoyo unánime a la Ley de Titularidad Compartida, una de las reivindicaciones históricas de FADEMUR y UPA. Ahora el texto regresará al Congreso para su aprobación definitiva con la inclusión del aumento del límite de edad, de 40 a 50 años, para que las mujeres que trabajan en las explotaciones familiares agrarias accedan a la bonificación de cuotas a la seguridad social durante cinco años.

La presidenta de FADEMUR, Teresa López y la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas han estado presente en el Cámara Alta y han recibido palabras de reconocimiento de las fuerzas políticas por sus esfuerzos y el trabajo realizado durante años de cara a conseguir este logro para las mujeres del medio rural.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha destacado en el Senado que la futura Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias supone un paso «decisivo y determinante» en términos de igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural. Así lo ha afirmado durante su intervención en el Pleno de la Cámara Alta, en la que ha valorado que la norma da una respuesta «clave» y «esencial» a las demandas sociales de las mujeres. Aguilar ha resaltado el esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años por las mujeres rurales con «pasión, ilusión y corazón», al tiempo que agradeció el trabajo de los grupos parlamentarios para lograr consensos.

La presidenta de FADEMUR, Teresa López declaraba “hoy es un día muy importante para todas las mujeres rurales y para todas las organizaciones que trabajamos en el sector agrario, porque por fin hemos visto materializarse una de nuestras reivindicaciones históricas, por fin las mujeres agricultoras y ganaderas van a “aparecer en los papeles” de su explotación, con lo cual van a tener los mismos derechos y también los mismos deberes que sus parejas”.

La senadora del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Esmeralda Iranzo, ha subrayado que la ley permitirá poner «punto final» a una situación en la que se consideraba al trabajo de la mujer en el campo como «ayuda familiar», que fortalecía «la bolsa común» de la explotación pero tenía «serias dificultades» para obtener remuneración, derechos sociales e identidad profesional.