Los daños en la agricultura provocados por la fauna silvestre están aumentando en todos los cultivos y en todas las comarcas va­lencianas. Prueba de ello es que, según datos de Agroseguro, los siniestros declarados por fauna en el campo español se han multiplicado por cinco en un solo año. La Aso­ciación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la gravedad de este problema va a más sin que las decenas de miles de agricultores afectados encuentren un respaldo eficaz por parte de la Administración, tanto para resarcir las pérdidas eco­nómicas como para evitar la excesiva repoblación de la fauna.

Con el objetivo de reconducir esta situación, AVA-ASAJA acaba de poner en marcha una campaña que consiste en el reparto de instancias en las que los productores podrán dejar constancia en sus ayuntamientos de los perjuicios que han sufrido en sus explotaciones por esta causa. Con esta infor­mación, los consistorios o los agentes medioambientales o forestales –dependientes de la conselleria de Medio Ambiente– certificarán y notificarán los daños a la sociedad de cazadores correspon­diente, la cual deberá actuar para reducir la población de animales. Si una zona determinada recibiera numerosos formularios como consecuencia de los daños provocados por una sola especie, Medio Ambiente podría declarar la zona de emer­gencia cinegética, lo que permitiría la adopción de medidas excepcionales de caza. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, explica que “es muy importante que los agricultores denuncien a las administraciones los daños objetivos sufridos porque de este modo no podrán mirar hacia otro lado y tendrán que dar una respuesta efectiva”.

Los ataques de conejos, jabalíes, patos, muflones y cabra montés, entre otros, han encendido las alarmas entre los agricultores valencianos ya que arrasan cosechas enteras, destrozan infraestructuras e incluso acaban provocando la muerte del arbolado. Según las organizaciones agrarias y las cooperativas, las pérdidas acumuladas en 2010 por este capítulo ascendieron a 10 millones de euros, cifra que podría verse rebasada esta campaña. Un último ejemplo que ilustra hasta qué punto están llegando las cosas en este ámbito son las incursiones de jabalíes hasta los arrozales de la marjal Pego-Oliva, algo que nunca había sucedido hasta la hecha.

El proceso de abandono de campos, acelerado en los últimos años por la falta de rentabilidad, está incrementando los hábitats de refugio para las especies salvajes. Además, mientras las poblaciones silvestres crecen sin control, las licencias federativas de cazadores han caído un 46% durante las dos últimas décadas en la Comunitat Valen­ciana. “En un contexto en el que cada vez hay más fauna salvaje y menos cazadores para controlar sus poblaciones, las administraciones deben tomar las riendas de una vez por todas, aplicar planes de control de poblaciones, mejorar las coberturas del seguro y compensar justamente a los agricultores perjudicados”, asegura Aguado.

De momento, ninguna de las iniciativas políticas llevadas a cabo están obtenien­do resultados mínimamente satisfactorios. En primer lugar, los planes aprobados por las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente con el fin de erradicar la plaga de conejos y otras especies silvestres en el medio rural no han servido para reducir la población de animales ni para menguar los daños en la agricultura. Por otra parte, y pese a que los daños por fauna silvestre se han incluido en el seguro agrario, la actual cobertura no está siendo capaz en absoluto de ofrecer una respuesta aceptable a los afectados. Fi­nalmente, en el caso concreto de los arroceros, Medio Ambiente suprimió hace dos años las ya de por sí insuficientes compensaciones que venían recibiendo los agricultores por los perjuicios que causa la avifauna en el Parque Natural de L’Albufera.

“Los agricultores somos profesionales de la agricultura y no una ONG con vocación de alimentar con sus cosechas a la fauna silvestre. Si las administraciones y la sociedad en general quieren un paisaje, deben saber que esa factura no la debemos ni podemos pagar los agricultores, sino que hay que asumirla entre todos”, según Aguado.