COAG-Jaén critica la “inmoralidad” del alcalde de Izanatoraf al cobrar una contribución ilegal a los agricultores del municipio. Contra este impuesto, una decena de agricultores representados por Asaja presentó un recurso sobre sus liquidaciones individuales, tras el que el Tribunal Superior de Justicia les ha dado la razón, sin plantear esta organización en tiempo y forma la cuestión sobre la ilegalidad de la ordenanza municipal aprobada para tal fin. Sin embargo, y pese a esta sentencia favorable para los agricultores, el Ayuntamiento continúa cobrando la contribución al resto de agricultores del municipio argumentando que nadie ha pedido la eliminación de la normativa.

COAG-Jaén considera ilegal esta normativa porque al tratarse de una contribución especial, debería referirse a una obra nueva y que beneficie al propietario. Sin embargo, el dinero que se recauda no se va a destinar a tal fin, sino al arreglo de unos caminos en mal estado debido a la dejadez del Ayuntamiento. Igualmente, los impuestos especiales sólo deben pagarlos los beneficiarios de una obra, pero no todos los agricultores, como está ocurriendo en este caso. Además, el coste de las obras publicado en la normativa no concuerda con el publicado ahora en los carteles anunciadores de tal obra.

Así, el alcalde de Iznatoraf está cobrando este impuesto al resto del municipio, con amenaza de embargo de sus bienes. COAG-Jaén critica que el Ayuntamiento aseguró en un bando que este dinero se destinaría al arreglo de los caminos rurales, pero la Coordinadora teme que este dinero se destinará a “financiar las arcas del Ayuntamiento”. Además, el Consistorio también se comprometió a que no se cobrarían los plazos hasta que no se finalizara la obra, cosa que no ha ocurrido, ya que aún quedan partes de obras sin ejecutar.

Por ello, la Coordinadora exige que el Consistorio dé marcha atrás en el cobro de este impuesto y que no aplique la normativa que está causando un grave perjuicio a los habitantes de esta localidad. Hay que recordar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia basa su sentencia en la ilegalidad de la norma. Por ello, el alcalde debería anular dicha normativa con el fin de respetar el principio de igualdad entre sus vecinos y no hacer pagar un impuesto a unos sí y otros no.