El sector porcino comunitario se encuentra sometido actualmente a un conjunto de problemas ajenos a su propia responsabilidad, que ponen en grave riesgo su capacidad de supervivencia dentro del comercio interior, dificultando además la competitividad del mismo en el conjunto del comercio internacional, en un mundo cada vez más globalizado. Así lo expone Quintiliano Pérez Bonilla, ponente dentro del Simposio de Porcinocultura de SEPOR 2011 que se celebrará el 13 de septiembre, con su trabajo sobre “Reflexiones y comentarios de la política agraria en Europa”.

Dichos problemas, en su opinión, están originados, por la falta de una política realista en la propia Unión Europea, política que intenta imponer de forma poco acertada, el denominado “modelo europeo de producción”, sin considerar tres aspectos clave:

– Si este modelo es viable económicamente.

– Si es realmente demandado por la sociedad europea y consumidores pertenecientes a los Países terceros potencialmente clientes nuestros. O como en otras ocasiones, se confunden los deseos de algunos con la realidad.

– Y si el consumidor realmente está dispuesto a pagar más, por el producto en los lineales de las grandes cadenas de distribución.

Pérez Bonilla, en la exposición de su ponencia tratará de identificar los problemas señalados anteriormente, a la vez que intentará buscar las soluciones más adecuadas para resolverlos.

SEPOR le aportará el escenario adecuado y el público interesado en escuchar los factores y las soluciones creando la plataforma idónea para el debate y la puesta en común.

Son varios los factores que expone Pérez Bonilla que provocan el problema entre los que podemos citar:

Factores de tipo político y distribución del poder en las Instituciones Comunitarias.

Ausencia de responsabilidad política.

Falta, en muchas ocasiones de conocimiento real del funcionamiento de los sectores agrarios y agroalimentarios, por parte de los responsables de elaborar las propuestas técnicas correspondientes.

Inhibición de los Países miembros y derivación de la responsabilidad hacia las Instituciones Comunitarias.

Mantenimiento de medidas administrativas que a pesar de incidir negativamente sobre el desarrollo de los sectores productivos, no se eliminan, sin que existan razones lógicas para su permanencia en el tiempo.

Discrepancias legislativas con la normativa internacional que soporta la base legal de la Organización Mundial del Comercio.

Falta de agilidad para responder a los retos que se producen de forma muy rápida como consecuencia de los cambios demográficos, políticos y sociales a nivel mundial. La maquinaria comunitaria es demasiado pesada y lenta.
Mantenimiento de un mal entendido principio de libre comercio y autonomía de los mercados, sin tener en cuenta la urgente necesidad de estudiar en profundidad el concepto de materia prima separado radicalmente de productos alimenticios de primera necesidad, y en muchos casos subvencionados.

A los factores que provocan el problema Quintiliano le ve soluciones como:

“Se hace necesario revisar el actual papel de cada una de las Instituciones Comunitarias, exigiendo responsabilidades políticas, ante la adopción de medidas no ajustadas a la realidad y demanda, tanto de la sociedad como de los sectores productivos.

No obstante, soy plenamente consciente de la imposibilidad de modificar el actual entramado comunitario, si no existe voluntad política por parte de los mismos protagonistas, es decir de los que tienen responsabilidades públicas de alto nivel, para cambiar su actual estatus y reparto del poder.

Europa se debe dar cuenta , que existe un mundo real y diferente del que utópicamente hemos intentado mantener, considerando que el “ estado de bienestar “, es un eslogan precioso para las campañas electorales, pero que su mantenimiento cuesta enormes cantidades de recursos económicos que no deben, como siempre salir del sector primario, al no poder repercutir sus costes en los ciudadanos.
No se trata tampoco de hacer partícipe exclusivamente, de la carga económica de los incrementos de los costes de producción originados en el sector primario, a los consumidores.

Se trata más bien, de revisar las políticas comunitarias para eliminar de las mismas aquellas normas cuya presencia en la legislación, no se debe a necesidades reales de salud pública, o a necesidades de salud animal, o a necesidades tangibles de la sociedad, sino a “modas” o iniciativas exigidas por colectivos que, al no pagar lo que piden, lo exigen sin importarles las consecuencias que sus demandas tienen sobre todo el conjunto social.

Se trata de racionalizar con sentido común la actual base legal comunitaria, tratando de buscar una convergencia inteligente y a la luz de la realidad científica, acercarnos a la normativa internacional de la Oficina Internacional de Epizootías (Organización Mundial de la Salud Animal) y de la OMC.

Se trata en definitiva de realizar una profunda reflexión sobre la situación actual, considerando que es necesario cambiar el rumbo de la nave comunitaria, puesto que nuestros competidores en un mundo globalizado como el actual van a por todas, con ilusión y ganas de competir, consiguiendo cada día nuevas cuotas de mercado en detrimento de nuestros sectores productivos que se ven maniatados por el lastre de una legislación, de un cilicio comunitario que sin resolver nada lo dificulta todo”.