Las cinco ONG ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del MARM, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF, rechazan la aprobación del Embalse de Biscarrués por el MARM pese a los informes técnicos y científicos en contra y anuncian acciones legales para evitar que se construya el proyecto.
La declaración de impacto ambiental (DIA) emitida por el Ministerio del Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la que se da luz verde a la construcción del embalse de Biscarrués, constituye una gran agresión medioambiental, pues la construcción del embalse producirá la destrucción irreversible de áreas de gran valor natural, incluidas en la Red Natura 2000, y que por tanto tienen el amparo de la normativa comunitaria.
El Ministerio ha emitido la DIA positiva a pesar de contar con multitud de informes que rechazaban tajantemente la construcción del embalse: algunos realizados por entidades públicas de reconocido prestigio, como son el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), además de varios informes internos en el mismo sentido del propio Ministerio de Medio Ambiente.
En cuanto a las medidas correctoras que plantea la declaración de impacto ambiental, los ecologistas consideran que son totalmente inútiles, superficiales y no van a paliar en ningún caso el gran impacto medioambiental que la obra va a producir.
Las ONG lamentan que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino haya cedido a las presiones locales y de los regantes, que reclaman una deuda histórica preconstitucional, para emitir una declaración de impacto ambiental positiva al embalse de Biscarrués, cuando la mayoría de los informes técnicos con los que cuenta son completamente contrarios a la construcción del embalse. Esta declaración de impacto ambiental positiva, en la que se ha impuesto el criterio político frente al técnico, poco tiene que ver con la “disposición al diálogo”, y la intención de “pintar el ministerio de verde”, indicadas por la actual ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, cuando tomó posesión de su cargo.
La aprobación de Biscarrués es una muestra más de la anticuada política de aguas del Gobierno español, anclada en dar agua a los sectores que siempre la han tenido sin considerar las necesidades de la sociedad en su conjunto, ni las amenazas del Cambio Climático.
En definitiva, las ONG consideran que se trata de un embalse que producirá un gran impacto medioambiental y social, y cuya utilidad es más que dudosa, y que incumple varias directivas comunitarias, por lo que anuncian que estudiarán todas las vías legales para impedir que este proyecto se lleve a cabo.
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