La organización agraria italiana Coldiretti ha publicado un informe en el que denuncia la Agromafia, actividades ilegales que se realizan en la cadena alimentaria, las cuales suponen un fraude económico de 12.000 millones de euros, además de la pérdida de credibilidad en los productos italianos.

Entre 2005-2009, el sector agroalimentario italiano ha tenido un valor añadido medio anual de 52.000 millones de euros, lo que representa un fuerte atractivo para el crimen organizado. Las actividades delictivas que denuncia el informe van desde robos de vehículos, maquinaria agrícola y cultivos hasta saqueos de los bosques, extorsión, contrabando, ontratación ilegal de trabajadores y falsificación de productos alimentarios.

Según el informe, las prácticas de extorsión son más frecuentes en el sur, donde las explotaciones agrarias con problemas financieros, con imposibilidad de acceder a créditos bancarios fomentan que sus propietarios se vean abocados a recurrir a otras fuentes de financiación, que terminan extorsionándolos.

El informe señala por ejemplo que en la región de Campania, la Camorra invierte en la compra de grandes fincas agrarias y que tiene el monopolio exclusivo del control de los trabajadores no comunitarios, empleados principalmente en la cosecha del tomate.

Otro de los campos en los que actúa la Agromafia es que se aprovecha de la popularidad de productos italianos para falsificarlos, como son quesos, carnes, pasta, aceite y conservas. En esta piratería internacional de alimentos se utilizan, cada vez más, nombres geográficos, marcas, palabras, imágenes, sloganes para publicitar y vender productos que no tienen nada que ver con la producción italiana. Según el informe, a nivel mundial, el comercio de productos que parecen italianos se eleva a 60.000 millones de euros anuales, es decir, 164 millones de euros diarios, lo que es 2,6 veces mayor que el actual valor de las exportaciones de productos que son realimente italianos .

La Agromafia puede llegar a controlar toda la cadena productiva, desde la producción a la distribución, lo que según el informe se traduce en una pérdida de seguridad social para el ciudadano y un empobrecimiento de la economía territorial.

En respuesta a este informe de Coldiretti, el Ministro de Agricultura italiano, Saverio Romano, ha decidido poner en marcha una estrategia para intensificar la supervisión y coordinación con los cuatro organismos encargados del control: los carabinieri de la política agraria, el núcleo antifraude, el Cuerpo Forestal y los Guardacostas.