El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, calificó ayer como “muy positiva” la decisión del Tribunal Supremo sobre el Estatuto de Andalucía, por considerar que no sólo ratifica la sentencia del Constitucional que declaraba nulo el artículo 51 que atribuía a la Administración Autonómica la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir, sino que va más allá ampliando su alcance al anular todo el Real Decreto, “zanjando” definitivamente esta “irresponsable” invasión de las funciones del Estado.
De esta forma, el presidente de los regantes sale al paso del fallo conocido anoche, por el cual la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del TS estima el recurso promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el Real Decreto de 17 de octubre de 2008.
No obstante, el presidente de Fenacore lamentó que esta sentencia no tenga efectos inmediatos sobre la gestión actual del Guadalquivir debido a la “artimaña jurídica” que la Junta pactó en marzo con el Gobierno Central, días después de conocerse la sentencia, con el fin de arrogarse la potestad sobre este río a través de una encomienda transitoria de gestión.
Según Del Campo, esta encomienda atenta directamente contra el espíritu de ambas sentencias y no es más que un “truco fácil» que impide de facto su cumplimiento pero que no puede prorrogarse en el tiempo. En su opinión, el cumplimiento del fallo del Supremo sólo puede garantizarse devolviendo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –como organismo estatal- todas las competencias sobre las aguas de este río, restaurando así los principios de unidad de gestión y cuenca.
Para el presidente de Fenacore, “cualquier acuerdo que pretenda veladamente vaciar las competencias del Estado en esta materia terminará resultando igualmente inconstitucional. Cualquier otra solución que no pase por un organismo estatal como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir atenta contra la Carta Magna”.
En este sentido, insiste en que el respeto a las competencias del Estado es perfectamente compatible con la representación que debe tener la comunidad de Andalucía, por su territorio y población, en los órganos de la Confederaciones Hidrográfica, “por más que el 90 por ciento de su cauce discurra por tierras andaluzas”.
Finalmente, Fenacore considera que la sentencia del Tribunal Supremo sienta las bases adecuadas para poner en marcha un Pacto Nacional que otorgue a la Administración Central la planificación general de todas las cuencas intercomunitarias, coordinando la participación de las comunidades autónomas y garantizando la prevalencia de los intereses generales frente a una gestión localista del agua.
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