El Consejo Constitucional de Francia ha dictaminado que el Ministerio francés de Economía puede actuar en el caso de que se produzcan prácticas comerciales desleales, lo que no iría en contra de la constitución gala. Este dictamen se ha producido tras una petición cursada por las empresas de distribución Système U y Carrefour Francia.
Según el dictamen del Consejo, el Ministro de Economía no solo podría pedir al juez que estableciera la nulidad de los contratos o cláusulas que instrumentan las prácticas abusivas, sino también, que le sean devueltas, a las empresas afectadas, las cantidades pagadas indebidamente por ese concepto.
La Ministra de Economía, Christine Lagarde, ha manifestado que es esencial que el Consejo Constitucional haya reconocido su posibilidad de acción, ya que en el caso del sector minorista, los proveedores que sean pequeñas y medianas empresas, podrían renunciar a sus derechos por miedo a que la distribución les excluyera de su lista de proveedores.
El Consejo Constitucional ya reconoció en enero pasado, que era conforme con la Constitución, la noción de «desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes» mecanismo que se introdujo en la Ley francesa de Modernización de la Economía (LME) para luchar contra los abusos en las negociaciones comerciales.
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