ASAJA-Almería preocupada por el posible agravio comparativo que podría darse tras la anulación del art. 51 del Estatuto de Autonomía

ASAJA quiere poner el acento en las novedades y situaciones que pueden darse a raíz de la anulación el pasado día 17 de marzo del artículo 51 del Estatuto andaluz, relativo a las competencias sobre el Guadalquivir y que deja a la Comunidad en una situación sin precedentes, ya que el área de influencia de este río quedaría sujeta a la legislación nacional en materia de agua mientras que el resto queda bajo la tutela de la legislación autonómica. Esta división de Andalucía preocupa sobremanera a esta organización, que ha sido la más participativa y reivindicativa en todo el proceso de elaboración de la nueva Ley de Aguas.

De hecho, los servicios jurídicos de la organización ya trabajan en un informe sobre las repercusiones que tiene para Andalucía que el 60% del territorio se rija por la normativa nacional, y el 40% restante por la polémica Ley de Aguas de Andalucía.

Y es que si ya eran muchas las dudas y quejas de los agricultores en relación al carácter intervencionista de la Ley, ahora deben enfrentarse a la situación generada tras esta anulación, y en este sentido, Francisco Vargas alude al agravio comparativo generado para los agricultores del área mediterránea.

Así lo expuso en una reunión celebrada en Níjar y que contó con la participación de agricultores de toda la provincia que se centró en algunos aspectos que preocupan a la organización y que más interesan a los regantes. Allí se pudo constatar que las principales quejas vienen hacia la capacidad de intervención de la Administración autonómica sobre las aguas privadas. El presidente de ASAJA recordó que será la que decida la dotación de agua que corresponde a los usuarios, y entre otras cuestiones obligará a estos a reparar las averías en las instalaciones que utilicen y obligará a poner dispositivos de control (contadores) homologados, todo ello sufragado por los agricultores

Vargas quiso destacar además las consecuencias del denominado «principio de recuperación de costes» por parte de los usuarios de las infraestructuras, por el que se establece que serán los usuarios quienes deban asumir los costes de explotación y de mantenimiento de todas estas obras hídricas y todos estos macro proyectos del agua previstos en la provincia. Este principio aparece reflejado en la llamada Directiva Marco del Agua y es un aspecto clave para entender la tendencia de las principales normas relacionadas con la gestión del agua.

ASAJA critica que esta situación puede dar un vuelvo en el área de influencia del Guadalquivir, ya que a los agricultores de esta zona no les será de aplicación el canon de servicios generales (art. 100 de la Ley de Aguas) que servirá para cubrir los gastos de administración de la Administración Andaluza del Agua, ya que este canon se exigirá en el ámbito territorial de Andalucía definido por sus competencias en materia de agua, pero si en la cuenca del Guadalquivir se aplica la norma nacional ¿quiénes van a soportar el coste económico de la Ley de Aguas de Andalucía y de todas sus tasas?

Por este motivo, ASAJA-Almería exige la anulación de la aplicación de la Ley de Aguas mientras que no se busque una solución equilibrada a esta situación, en la que el 40% de los andaluces se ven perjudicados por una Ley que ya desde su inicio hace aguas.