Tras más de un año esperando la aprobación del Real Decreto para los Contratos Territoriales por Explotación, diversas organizaciones preocupadas por el futuro del medio rural solicitan al Ministerio de Medio Ambiente la aprobación urgente de la normativa que permitiría su puesta en marcha. Estos Contratos, contemplados en la Ley de Desarrollo Rural, buscan apoyar a aquellos agricultores y ganaderos que de forma voluntaria suscriban compromisos para la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje o la lucha contra el cambio climático. A cambio, recibirían una remuneración por la producción de estos bienes públicos, no compensados por el mercado, lo que favorecería, además, la fijación de la población en el territorio y la creación o mantenimiento del empleo agrario.

Desde hace dos años y fruto de los debates en el seno de un grupo de trabajo específico sobre Contratos Territoriales, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se elaboraron varios borradores de Real Decreto por el que se regula esta figura. La última versión, que cuenta con el apoyo de la mayoría de organizaciones participantes en el grupo de trabajo, se cerró el 14 de marzo de 2010, sin que hasta la fecha se haya aprobado y, por tanto, entre en vigor.

Los Contratos Territoriales por Explotación son una herramienta clave para lograr mantener la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, a la vez que se preservan sus valores ambientales y se apoya el relevo generacional tan necesario en el medio rural. Ya funcionan con éxito iniciativas similares en regiones como Menorca y son varias las Comunidades Autónomas que apuestan por esta figura, como Asturias. Sin embargo, la falta de una normativa reguladora a nivel estatal pone en peligro su aplicación.

El retraso en la aprobación de esta normativa puede impedir que agricultores y ganaderos se beneficien de las medidas previstas en la Ley de Desarrollo Rural. Algunas de ellas, como las de apoyo a la gestión en la ganadería extensiva o trashumante, pueden ser determinantes para mantener la viabilidad de estas explotaciones, a la vez que se aseguran sus beneficios ambientales.

Las organizaciones firmantes concluyen que un nuevo retraso en la aprobación del Real Decreto, ya consensuado en su día, será una oportunidad perdida para lograr una distribución más equitativa de las ayudas públicas, que recupere la vitalidad de los territorios con mayores impedimentos y dificultades físicas, demográficas o de zonas de alto valor ambiental y apoye a las explotaciones familiares, territoriales o ecológicas.

Organizaciones Firmantes:

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)

Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES)

Comisiones Obreras

UGT

WWF España

SEO/BirdLife

Ecologistas en Acción

Amigos de la Tierra

GreenPeace

Red Española de Desarrollo Rural (REDR)

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF)

Fundación Global Nature

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

RedMontañas

Foro Asturias Sostenible para el conocimiento y desarrollo del medio rural (FAS)