ASAJA-Jaén logra que la Junta rectifique e incluya a las Comunidades de Bienes como beneficiarias de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía destinadas a modernizar y mecanizar sus explotaciones. A las Comunidades de Bienes se las había excluido por un error de interpretación de la norma por parte de la Administración autonómica. Aunque la organización aplaude esta medida, recuerda que aún siguen sin resolverse los expedientes pendientes: el plazo de solicitud se cerró el pasado 10 de junio de 2010 y con un plazo de cuatro meses y medio para contestar a los interesados. La Junta aún no se ha pronunciado y centenares de agricultores esperan a modernizar su explotación (y, por tanto, hacer más eficiente y competitiva) hasta que sepan si contarán o no con el dinero de la subvención.

ASAJA-Jaén ha logrado que el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDRA) incluya a las Comunidades de Bienes para que puedan ser beneficiarias de las ayudas a la Modernización de Explotaciones no Adscritas a Plan Empresarial. Dichas comunidades se habían excluido por una interpretación errónea y antirreglamentaria de la normativa por parte de la Junta de Andalucía, que es quien administra las partidas de las subvenciones.

Una vez que ASAJA-Jaén ha logrado que se mejore el PDRA con estas ayudas, queda pendiente que se haga con carácter retroactivo. Es decir, que antes de resolver los expedientes pendientes, se tenga en cuenta a estas Comunidades de Bienes que pidieron las ayudas en el año 2010 y cuyas solicitudes fueron automáticamente denegadas.

ASAJA-Jaén recuerda que estas ayudas son un modo de lograr que las explotaciones sean cada vez más rentables y competitivas gracias al uso de las nuevas tecnologías y las maquinarias de última generación. Excluir a las Comunidades de Bienes, sociedades tan presentes en el campo jienense, es cerrar las puertas a dicha modernización. En este sentido, la organización recuerda que tampoco se han resuelto aún el resto de expedientes de los solicitantes de estas ayudas, que se presentaron del 13 de mayo al 10 de junio de 2010. Todo a pesar de que la propia Administración andaluza se dio un plazo de cuatro meses y medio para resolver dichos expedientes.