La organización agraria ASAJA de Castilla y León se dirigirá al Gobierno regional pidiendo que el debate que se ha abierto sobre el futuro de las Cámaras de Comercio, se haga extensivo también al de las Cámaras Agrarias. Estas últimas tienen establecida por Ley una financiación exclusiva a través del presupuestos de la Junta y, después de dos ejercicios sucesivos con recortes, sus funciones han quedado muy limitadas.

ASAJA considera que es el momento de revisar tanto las funciones como las fuentes de financiación de las Cámaras Agrarias Provinciales, unas corporaciones de derecho público tuteladas por la administración autonómica en las que incluso nombra a sus secretarios técnicos. Las actuales Cámaras Agrarias están constituidas al amparo de la Ley 1/1995 de 6 de abril, una ley que además sirve para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias al elegir a los órganos de gobierno de las Cámaras cada 5 años. ASAJA, que ganó las últimas elecciones celebradas en 2007, preside cinco de las nueve Cámaras provinciales.

ASAJA promovió en su día la promulgación de la Ley de Cámaras Agrarias para dar contenido a unas corporaciones que se estaban muriendo por inanición bajo la tutela del entonces ministerio de Agricultura. ASAJA apostó en su día por la celebración de elecciones democráticas para medir la representatividad del campo y por unas Cámaras con recursos propios y contenido competencial para dar servicios al campo y al medio rural, sin chocar con las competencias propias de las organizaciones profesionales agrarias. Su principal cometido ha sido tutelar a las Juntas Agropecuarias Locales en la administración de los pastos y rastrojeras.