AVA-ASAJA calcula que las pérdidas acumuladas en 2010 a causa de los robos de frutas y hortalizas así como de los asaltos a instalaciones de riego en busca de cobre ascenderán a más de 15 millones de euros. La cifra supone un aumento del 50% sobre la estimación realizada en 2009 por esta misma organización agraria, que atribuye el fuerte repunte experimentado a la ‘fiebre’ generada en torno al mercadeo a gran escala con este metal; a la laxitud con la que tanto el antiguo como el nuevo Código Penal tipifican la delincuencia rural y a la falta de vigilancia en los campos, agravada por la descoordinación existente entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Nunca antes nos hemos sentido tan impotentes. Agradecemos la valentía del Consell al tomar cartas en el asunto e intensificar los controles pero la seguridad en el campo es fundamentalmente competencia del Gobierno y llevamos años esperando a que la Delegación se tome en serio este problema”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
Por tipo de delitos, AVA-ASAJA destaca que –según sus datos- los asaltos en casetas de riego y en pozos se han duplicado mientras que los robos hortofrutícolas se han mantenido estables pero a un preocupante nivel, oscilando su intensidad en función del valor de la fruta en los mercados. En cuanto al cobre, la organización agraria calcula que al menos una de cada diez casetas han sido atacadas en el año que ahora acaba. Prueba de ello es el nuevo endurecimiento de las condiciones del seguro que se espera para 2011, la ingente cantidad regantes ‘expulsados’ (a los que no se les renueva la póliza por su siniestralidad) o el propio hecho de que sólo existan dos o tres entidades que ofrezcan esta cobertura.
En cuanto a los hurtos de cosechas, AVA-ASAJA advierte que en la inmensa mayoría de los casos, al no poder asegurarse frente al robo, los agricultores no los denuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo. Lo que sí se ha constatado es la consolidación de un ‘mercado paralelo’ de fruterías ‘low cost’, puestos ambulantes o incluso almacenes que se abastecen de frutas y hortalizas robadas.
En este sentido, la organización agraria lamenta la doble oportunidad perdida en 2010 para tratar de reconducir la dramática situación que se sufre en el ámbito rural. De un lado, fue el PSOE el que se negó a secundar la propuesta presentada por el PP para endurecer las penas por los robos en los campos. Efectivamente, a instancias de AVA-ASAJA, el legislativo debatió una enmienda para rebajar de 400 a 100 euros el valor a partir del cual una falta de hurto en el campo pasaría a considerarse delito. Con tal medida se impediría que se siga calificando como falta con una leve multa de en torno a 100 euros (que no se suele pagar) el robo de hasta 1,5/1,6 toneladas de naranjas. Finalmente, la enmienda fue rechazada y la reforma en este terreno se limitó a endurecer los castigos contra los carteristas urbanos. De otro lado, tras más de un año de peticiones infructuosas, el 16 de septiembre el ya ex delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, pactó con la Consellería de Gobernación y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) un plan de choque contra la delincuencia rural así como la extensión de la llamada ‘Guía conduce’. Tres meses después aquel borrador no ha sido aún suscrito. “Confiamos que la nueva delegada, Ana Botella, cumpla al menos con los compromisos adquiridos por su predecesor”, advierte Aguado.
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