Pese al amplio rechazo cosechado en su tramitación, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el Proyecto de Ley del Olivar, que inicia ahora la fase parlamentaria. Pese a las múltiples alegaciones presentadas, pese al voto en contra de los agentes económicos en el Comité Económico y Social de Andalucía, pese al varapalo que le propinó el Consejo Consultivo de Andalucía, que rechazo la redacción de 15 de los 39 artículos y señaló que muchos de sus preceptos estaban “vacíos de contenido”, pese a la oposición de gran parte del sector olivarero, la Consejería de Agricultura ha llevado el texto al Consejo de Gobierno poco más de un mes después del rechazo del Consultivo y sin haber dado opción a que las organizaciones agrarias aportaran sus mejoras al último texto.

La Consejería de Agricultura ha carecido del talante dialogante y de la capacidad negociadora que mostró la Consejería de Medio Ambiente en la elaboración de la Ley de Aguas, un texto que fue debatido en todas sus fases de tramitación con los agentes sociales y económicos y con las organizaciones agrarias, y cuyo resultado final mejoró sensiblemente gracias a estas aportaciones.

Parece que con la aprobación de una Ley en cuyo epígrafe figure la palabra olivar el Ejecutivo de Griñán y en especial su consejera de Agricultura, Clara Aguilera, pretenden justificar la pésima gestión que han desarrollado a lo largo de la legislatura sobre todo lo relacionado con el sector del olivar, el más emblemático de la agricultura andaluza, que ha carecido de apoyo para emprender el necesario Plan de Reestructuración, para lograr que Bruselas diera su visto bueno a la puesta en marcha el sistema de almacenamiento privado y para encontrar alguna solución al principal problema del sector, el hundimiento de los precios en origen del aceite y de la aceituna de mesa y la falta de instrumentos de regulación de mercados.

Ninguno de estos temas se resuelve en el texto que hoy aprobará el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por cuanto el proyecto de Ley del Olivar no deja de ser un “bla, bla, bla,” innecesario (porque nadie la había reclamado), inútil (porque no aporta nada nuevo), vacío de contenido (porque todo lo deja a la redacción posterior de un Plan Director) y carente de sentido, que tan sólo ha contribuido a “marear la perdiz” y provocar que la Administración y los agentes sociales perdamos el tiempo y dilatemos las soluciones a los problemas reales que afectan al olivar andaluz y a los agricultores y los más de 600 municipios que dependen de este cultivo, que atraviesa una grave crisis cuyas soluciones no van a venir de la mano de este vacuo proyecto de Ley.

En conclusión, se trata de un proyecto de Ley elaborado al más puro estilo del “despotismo ilustrado”, pues nadie lo ha pedido, nadie lo necesita, con nadie se ha consensuado y hasta ahora sólo ha cosechado rechazos, por ello, el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha anunciado que si el texto no sufre un cambio radical en su tramitación en el Parlamento, pedirá al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.