La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) solicita a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que tenga en cuenta el oligopolio que se crea en el mercado arrocero con la compra de Ebro a SOS de su división de arroz. Aunque juntas sólo envasarían un 30% bajo marcas propias, comercializarían el 50% la producción total de nuestro país (unas 350.000 t, según datos de Alimarket de 2009). En este sentido, la compra incrementaría el poder de negociación con los agricultores y cooperativas y limitaría las posibilidades de elección de los productores a la hora de vender su producción.

El cierre definitivo de la operación está sujeto a la aprobación de las entidades financieras acreedoras de SOS y de las autoridades de competencia, tal como establece la ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Sería muy grave y difícil de entender para el sector productor que se facilitara la misma mientras que se penaliza cualquier ligero movimiento de los agricultores para ganar poder de negociación respecto al resto de eslabones de la cadena agroalimentaria.

Desde COAG se considera necesaria una reforma legislativa que otorgue a la interprofesionales agroalimentarias la capacidad negociadora sobre los contratos agrarios. Es una de las medidas más importantes y necesarias para lograr el reequlibrio y vertebración de la cadena de valor tal y como propugnan las autoridades comunitarias. El caso español contrasta con la aplicación de las leyes comunitarias en materia de competencia de otros Estados Miembros, (caso de Francia por ejemplo), en las que las interprofesionales agroalimentarias tienen las bendiciones gubernamentales para abordar todos los aspectos de la contratación.

Por el interés general, se deben buscar las soluciones más adecuadas para que agricultores y ganaderos puedan negociar precios en condiciones de igualdad y transparencia con el resto de los eslabones de la cadena y de esa manera todos puedan participar del valor de los productos agrarios, manteniendo unos márgenes comerciales razonables y unos niveles de renta sostenibles.