LA UNIÓ de Llauradors señala que el Gobierno no prevé modificar la fiscalidad de las actividades agrícolas y ganaderas en la Comunitat Valenciana para el próximo año según el borrador de estimación objetiva del IRPF, a pesar de la crisis por la que atraviesan la mayor parte de cultivos y subsectores ganaderos.

LA UNIÓ también indica que las comunidades autónomas tienen así mismo transferidas competencias en materia fiscal y la Comunitat Valenciana podría intervenir en el 15 por ciento del IRPF de su territorio, con la posibilidad de establecer por tanto medidas fiscales en el sector agrario valenciano pero no lo hace.

LA UNIÓ va a presentar ante el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino una serie de propuestas para mejorar la fiscalidad de los cultivos principales y subsectores ganaderos con objeto de que se introduzcan en la Orden definitiva. En el transcurso de los tres últimos años no ha habido ninguna modificación destacable en la fiscalidad del sector agrario valenciano, excepto para los cultivos de la uva de mesa y la flor y la planta ornamental para este año y el próximo.

LA UNIÓ opina que los ingresos que reciben los agricultores y ganaderos bajan de forma continua o en el mejor de los casos simplemente se mantienen. En este sentido, la capacidad negociadora de la parte productora de la cadena agroalimentaria es prácticamente nula y el precio de su producto viene impuesto por intermediarios (empresas, cooperativas, SAT, etc.).. Por otra parte, los precios de los inputs tienen una clara tendencia alcista, afectando al precio de la electricidad, gasoil, fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, piensos, etc. Sobre este aspecto LA UNIÓ dice que se han suprimido las reducciones fiscales como por ejemplo la del 15% de los plásticos o fertilizantes, y la del 35% del gasoil, incrementando claramente la presión fiscal sobre los productores.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, afirma que “el productor se ve asfixiado por arriba y por abajo, por un lado no puede negociar el precio de sus productos ni negociar el precio de los inputs que compra, ni repercutir el aumento de estos últimos en lo que va a percibir; lo que provoca una presión fiscal encubierta que no se ve compensada con el apoyo de las Administraciones Públicas en forma de reducción de módulos”. Un ejemplo podría ser el caso de las ganaderos integrados, con el índice de rendimiento neto más alto del sector agrario, y no pueden hacer nada porque los ingresos y gastos vienen dados por las empresas integradoras que no hacen más que reducirles los beneficios a consecuencia de la reducción de entradas de animales.

LA UNIÓ informa que desde el año 2005 existe una Mesa de Fiscalidad en el ámbito estatal dónde se reúnen algunas organizaciones agrarias con el Ministerio de Economía y Hacienda para tratar la problemática fiscal en el sector agrario. Visto el resultado de las reuniones, dónde no se buscan soluciones a las disfunciones existentes en la fiscalidad sectorial por no adecuarse a la realidad del sector, hace falta urgentemente una modificación de sus objetivo y de su composición.